Casi 45,000 personas asesinadas, niños amputados, desplazamientos forzados… Desde el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza es escenario de una ofensiva militar israelí de una brutalidad sin precedentes . En un informe condenatorio publicado este jueves 5 de diciembre, 'Amnistía Internacional' acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en el enclave ocupado. Según el documento de casi 300 páginas, que se basa en un análisis en profundidad de los acontecimientos ocurridos entre octubre de 2023 y principios de julio de 2024, Israel emprendió deliberadamente acciones destinadas a la destrucción física de los palestinos en Gaza, respondiendo a tres de los cinco actos prohibidos bajo la Convención sobre Genocidio de 1948: asesinato, daño físico o mental grave e imposición intencional de condiciones de vida destructivas.
La organización de derechos humanos también concluyó que estos actos se cometieron con la intención de destruir a esta población. «Mes tras mes, Israel ha tratado a los palestinos de Gaza como un grupo infrahumano, indigno de los derechos humanos y de su dignidad, demostrando así su intención de destruirlos físicamente», declara Agnès Callamard, secretaria general de 'Amnistía Internacional', precisando que esta conclusión es no político, sino que se encuentra basado en evidencia sólida. «Esta matanza, que está teniendo lugar ante los ojos del mundo, es una continuación de varios años de apartheid, despojo y ocupación militar ilegal».
El jueves, Israel denunció el informe "fabricado y basado en mentiras": «La masacre genocida del 7 de octubre de 2023 fue perpetrada por la organización terrorista Hamás contra ciudadanos israelíes. Desde entonces, los ciudadanos israelíes han sido objeto de ataques diarios en siete frentes diferentes. Israel se defiende de estos ataques actuando en pleno cumplimiento del derecho internacional», afirmó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Para decidir si se trató de genocidio, 'Amnistía Internacional' se basó en las historias de 212 personas (víctimas o testigos palestinos), entrevistas con trabajadores de la salud, pruebas visuales y digitales y análisis de declaraciones de altos funcionarios israelíes. El informe cubre un período de nueve meses, pero la ONG cree que las políticas y acciones de Israel no han cambiado significativamente desde el final de su investigación, sino todo lo contrario. En los últimos meses, la crisis ha empeorado particularmente en la gobernación del norte de la Franja de Gaza, donde la población sitiada enfrenta bombardeos implacables, desplazamientos forzados y severas restricciones a la ayuda humanitaria.
Según el informe, Israel no hizo caso de las advertencias sobre la terrible situación humanitaria y de los fallos jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a finales de enero ordenando a Israel que tomara medidas para prevenir posibles actos de genocidio en el enclave palestino. El Estado judío justifica su operación militar ante sus aliados por su objetivo de eliminar a los miembros de Hamás escondidos entre los civiles. Sin embargo, «las acciones de un Estado pueden servir al doble objetivo de lograr un resultado militar y destruir a un grupo como tal».
El ejército israelí llevó a cabo más de 10,000 ataques aéreos sólo en los dos primeros meses de la guerra, incluso contra zonas civiles con bombas de 900 kg, convirtiendo la Franja de Gaza en una zona "inhabitable" y causando un daño incalculable a la población. «Mi cuerpo sobrevivió, pero mi alma murió con mis hijos, fue sepultada bajo los escombros con ellos», testifica en el informe Ahmad Nasman, cuya familia murió en un ataque aéreo en Rafah el 14 de diciembre de 2023. La explosión decapitó a su hija de un año, Arwa.
Para llegar a estas conclusiones, Amnistía Internacional también intentó determinar si Israel cometió estos actos con «la intención específica de destruir al grupo, total o parcialmente». Esta noción distingue el genocidio de otros crímenes contemplados en el derecho internacional. Si bien la población de Gaza representa aproximadamente el 40 porciento de los casi 5.5 millones de palestinos que viven en los Territorios Ocupados, el informe aclara que la intención de destruir "en parte" a un grupo es suficiente para establecer la intención específica requerida para la clasificación del delito de genocidio.
La organización identificó así un centenar de declaraciones públicas de funcionarios israelíes, entre ellas 22 de altos funcionarios que pedían o justificaban actos genocidas, proporcionando pruebas directas de esta intención. Este lenguaje deshumanizador tuvo amplio eco entre los soldados israelíes sobre el terreno. 'Amnistía Internacional' ha examinado decenas de vídeos y grabaciones de audio en los que se expresan llamamientos a la destrucción de Gaza o celebraciones por la demolición de hogares, mezquitas y escuelas palestinas. La destrucción de infraestructura crítica, la proliferación de órdenes de evacuación y el bloqueo de la ayuda humanitaria se encuentran entre los métodos que, con el tiempo, pueden conducir a la destrucción física o biológica de los palestinos en Gaza.
Para evitar más sufrimiento, 'Amnistía Internacional' advierte que los Estados que continúan suministrando armas a Israel están violando su obligación de prevenir el genocidio y corren el riesgo de convertirse en cómplices de este crimen. Les pide que respeten las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. «Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades [...] nunca podrán justificar el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza», concluye la ONG.
Comentarios
Publicar un comentario