República Dominicana: El Congreso Nacional arde en debate por la reforma fiscal: gobierno defiende sostenibilidad, oposición alerta sobre impacto en los bolsillos

El hemiciclo del Congreso Nacional de República Dominicana se ha convertido en el epicentro de un intenso debate sobre la propuesta de reforma fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que busca reestructurar el sistema tributario dominicano y optimizar la recaudación del Estado. Si bien el gobierno defiende la urgencia y necesidad de esta reforma para la salud financiera del país, diversos sectores de la oposición y gremios empresariales han encendido las alarmas, advirtiendo sobre su posible impacto en la economía familiar y en el poder adquisitivo de los dominicanos.

La propuesta, cuyo contenido detallado aún está siendo analizado por las comisiones legislativas, tiene como objetivo principal modernizar la estructura impositiva, ampliar la base de contribuyentes y garantizar una mayor eficiencia en la recaudación. Fuentes gubernamentales han insistido en que la reforma es "indispensable" para reducir el déficit fiscal, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y contar con los recursos necesarios para financiar programas sociales prioritarios e inversiones en infraestructura vitales para el desarrollo nacional.

«No podemos seguir posponiendo las decisiones difíciles que nuestro país necesita para avanzar», declaró el propio presidente Luis Abinader en una rueda de prensa hace unos meses. «Esta reforma es una apuesta por la estabilidad económica a largo plazo y la capacidad del Estado para brindar los servicios que la población demanda».

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia en la bancada opositora y en representantes del sector privado. La Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entre otros, han manifestado su preocupación por el potencial efecto inflacionario que la reforma podría generar, así como el posible aumento de la carga tributaria sobre los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
«No podemos permitir que el peso de la reforma recaiga desproporcionadamente sobre la clase media y los sectores productivos que ya están haciendo grandes esfuerzos», señaló un legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, liberal-progresista) durante una sesión de debate en el Congreso. «Necesitamos un pacto fiscal que sea equitativo y que fomente la inversión, no que la desincentive».

Entre los puntos más controvertidos de la propuesta, aunque aún no se han hecho públicos todos los detalles, se rumorea que podría incluir ajustes en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), la revisión de exenciones fiscales y la aplicación de nuevos gravámenes en sectores específicos.
Se anticipa que las discusiones en el Congreso Nacional serán extensas y acaloradas en las próximas semanas. Es probable que el proyecto de ley sufra modificaciones significativas a medida que los legisladores busquen un consenso que equilibre las necesidades de recaudación del Estado con la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad empresarial.

La atención está puesta en cómo el gobierno logrará articular sus argumentos y si será capaz de construir los puentes necesarios para obtener el apoyo de una mayoría que permita la aprobación de esta crucial reforma fiscal, que ya generó polémica en el pasado y obligó al Ejecutivo a retirar una propuesta similar anterior, aunque no enterrarla del todo.