En medio de un ambiente legislativo cada vez más polarizado por el fanatismo de los supremacistas y ultranacionalistas de 'MAGA', el Congreso de los Estados Unidos se apresta a aprobar con procedimientos de urgencia un proyecto de ley que promete convertirse en uno de los mayores recortes a programas sociales de las últimas décadas. La propuesta, impulsada con el respaldo de grandes corporaciones y grupos de presión que financiaron a Donald Trump, busca financiar una nueva ola de exenciones fiscales a las rentas más altas y a las empresas más poderosas a costa del bolsillo de las zonas rurales de Estados Unidos, es decir, las áreas que votaron en masa a Trump.
Los partidarios de la medida defienden la necesidad de sostener el crecimiento económico mediante alivios tributarios. Sus críticos, sin embargo, advierten que el precio será insoportable: según estimaciones de organizaciones y estudios universitarios, la reforma despojaría de cobertura médica a casi 14 millones de personas al recortar drásticamente 'Medicaid', pondría fin al acceso de millones de familias a los cupones de alimentos (SNAP) y elevaría en varios miles de dólares anuales el costo de vida de los trabajadores rurales.
«Este proyecto de ley dejará a condados enteros sin clínicas ni hospitales donde atenderse», denunció la congresista demócrata Rosa DeLuca, quien representa un distrito agrícola en Iowa. «En muchos de nuestros condados, la mitad de los niños dependen de Medicaid para vacunarse o recibir atención de urgencia. Sin esos fondos, veremos cierres de instalaciones y un aumento de la mortalidad por enfermedades prevenibles».
Los recortes sanitarios vienen acompañados de una reducción de entre 290,000 y 319,000 millones de dólares en el presupuesto del SNAP, un programa vital para el 15% de las familias que habitan zonas rurales de bajos ingresos. Con la inflación disparada, retirar estos apoyos es una sentencia de hambre para miles de hogares. Los comedores sociales y bancos de alimentos están al límite.
Aunado a ello, el texto legislativo traslada buena parte del coste de estos recortes a gobiernos estatales y municipales, debilitando aún más a los condados rurales, donde la recaudación local ya es insuficiente para garantizar servicios de transporte, respuesta a emergencias y mantenimiento de redes eléctricas y de agua potable.
Para colmo, la norma soslaya la autonomía local al invalidar las ordenanzas que protegen tierras agrícolas y patrimonios naturales frente a proyectos extractivos. Bajo un nuevo mecanismo de "pago por participación", grandes compañías de oleoductos, minería y perforación podrán adquirir permisos sin someterse a audiencias públicas ni enfrentarse a recursos judiciales. Se trata de un golpe histórico al control ciudadano.
También desaparecen los incentivos fiscales a las energías limpias: eólica, solar, geotérmica y de baterías pierden gradualmente sus créditos, así como los fondos para eficiencia energética y transporte sostenible. Es un retroceso tan brutal que amenaza con encarecer la electricidad en condados donde la factura ya estrangula a las familias.
Por si fuera poco, la medida contempla una subvención sorpresa de 50,000 millones de dólares para las grandes agroindustrias, justo cuando la volatilidad de la política comercial y la presión de los mercados empujan a los pequeños agricultores familiares al borde de la bancarrota. En nombre de la conciliación presupuestaria, se está redondeando un mercado que favorece a los gigantes de la producción, mientras las pequeñas granjas se hunden.
La indignación crece entre aquellos que se creyeron los mensajes de Trump en la campaña. Cada día que pasa van descubriendo que han sido víctimas de una estafa. Reservistas rurales que arman los comités de defensa civil emergente llaman a manifestarse frente a los distritos congresuales; alcaldes de pequeños pueblos envían cartas de protesta urgentes a sus senadores; y asociaciones de padres y maestros advierten que, sin atención médica ni abastecimiento alimentario, muchas escuelas rurales quedarán inoperativas.
Con la opinión pública rural en pie de guerra y una creciente presión mediática, los legisladores escucharán si el equilibrio de poder prevalece o si esta ronda de exenciones para los ricos se traba frente al clamor de quienes temen por su supervivencia. Una vez sellada la ley, las consecuencias podrán sentirse en cada granero, en cada clínica y en cada despensa vacía: un recordatorio de que, en la pugna por asignar recursos, el campo americano podría convertirse en la zona cero de la austeridad… en favor de los que menos la necesitan.
Hay que recordar que el voto rural fue la base de la victoria de Donald Trump. Los Cletus se creyeron toda la verborrea de trilero del ahora presidente de los Estados Unidos. En concreto, Trump acumuló un 63% del voto de la América Profunda. Sin embargo, los agricultores y ganaderos de estas áreas no tienen miles de millones de dólares. No donaron cientos de millones, no compran criptomonedas '$TRUMP', sino que le entregaron pequeñas donaciones de 5, 10 o 50 dólares. Por eso ahora les da la espalda y les destrozará la vida.
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