Juez dictamina que el Gobierno de Trump debe retornar a EE.UU. a un tercer inmigrante deportado indebidamente

El Gobierno de Donald Trump debe facilitar el retorno a Estados Unidos de un inmigrante guatemalteco deportado a Guatemala vía México a quien no se le otorgó su derecho legal de argumentar temor a ser perseguido o torturado, dictaminó un juez federal el viernes (23.05.2025) por la noche.

El fallo del juez de distrito Brian Murphy es el tercero que emite una corte para ordenar al Gobierno republicano que tome medidas para retornar a inmigrantes expulsados de Estados Unidos de manera indebida. Hasta el momento, la Administración no ha llevado a cabo esos esfuerzos, según los tribunales.
El hombre guatemalteco que el juez Murphy ordenó retornar es identificado en documentos de corte solo por las iniciales O.C.G. El inmigrante pidió asilo en 2024, argumentando que había sufrido "ataques violentos" en su país por ser gay y que, en su trayecto por México hacia Estados Unidos, lo habían violado y secuestrado.

Según los documentos de corte, el hombre contó estos detalles a un juez de inmigración, quien decidió que no debía ser retornado a su país de origen.
Los abogados de O.C.G. afirman que se violó su derecho a argumentar las razones por las que temía ser deportado, cuando agentes de inmigración lo montaron a un autobús en febrero y lo expulsaron a México, donde las autoridades del país vecino lo enviaron a Guatemala.
«De forma general, este caso no presenta hechos ni circunstancias legales especiales, solo el horror banal de un hombre que fue subido injustamente a un autobús y devuelto a un país donde supuestamente fue violado y secuestrado», escribió el juez Murphy en su fallo de 14 páginas.

La expulsión del hombre probablemente «no cumplió con el debido proceso», concluyó el juez de Boston, quien fue designado por el expresidente Joe Biden.
El Gobierno de Trump enfrenta otras dos órdenes judiciales que exigen que sus funcionarios faciliten el regreso de dos inmigrantes deportados en marzo a una megaprisión de El Salvador, quienes fueron enviados en varios vuelos al país centroamericano junto a cientos de inmigrantes acusados de pertenecer a pandillas.
Uno de esos casos es el de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño a quien el Gobierno reconoció haber enviado a El Salvador por un "error administrativo". La Corte Suprema dictaminó que la expulsión de Abrego, quien vivía en Maryland con un estatus legal que lo protegía de la deportación, violó la ley.

El otro caso es el del venezolano Daniel Lozano Camargo, quien fue enviado a El Salvador a pesar de que, cuando fue arrestado por ICE, contaba con un amparo judicial que lo protegía de la deportación porque entró al país como un menor no acompañado. Lozano tenía un proceso de asilo pendiente.
A diferencia de Abrego y de Lozano, quienes están en la megaprisión CECOT de El Salvador, el guatemalteco O.C.G. no está encarcelado sino escondido en Guatemala, según sus abogados, quienes argumentan que traerlo de vuelta a Estados Unidos no debería ser trabajoso.

El fallo de Murphy es la más reciente reprimenda al Gobierno de Trump en su plan de deportaciones masivas de forma expedita. El juez recientemente también dictaminó que la Administración republicana no puede deportar a inmigrantes a países que no son los suyos sin darles antes el chance de argumentar temor.

En concreto, esta semana el juez dictaminó que el Gobierno violó una orden al enviar a ocho inmigrantes a Sudán del Sur, un país africano en guerra. Entre ellos había dos cubanos y un mexicano.