Organizaciones no gubernamentales han denunciado que al menos 415 personas han muerto en cárceles salvadoreñas bajo custodia de los agentes de Seguridad del Estado, en medio del régimen de excepción aplicado por el Gobierno de Nayib Bukele desde hace más de tres años.
De acuerdo con el integrante de la organización de derechos humanos 'Tutela Legal María Julia Hernández', Alejandro Díaz, «llevamos más de 415 casos de personas que han sido asesinadas en manos del Estado».
Durante una conferencia de prensa, explicó que la cifra «es un estimado» de las ONG a partir de denuncias de los casos, añadiendo que lamentan que desde el Estado «no se brinde información al respecto».
Díaz aseveró, citado por medios internacionales, que el régimen de excepción se ha convertido en una «política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años».
Asimismo, denunció que bajo este régimen de excepción se han cometido «graves violaciones a derechos humanos», precisando delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura, y alertó que se está aplicando la medida a defensores de derechos humanos, «incrementando la persecución».
Junto a otros representantes de ONG, advirtió que el régimen de excepción pasó de ser «una medida contra las pandillas, a una medida de control social».
La medida gubernamental, supuestamente aplicada contra las pandillas, cumplió tres años el pasado 27 de marzo y en ese lapso se han registrado más de 85,900 detenciones de presuntos miembros de pandillas y personas ligadas a estas organizaciones.
El abogado David Ortiz, quien también es miembro de 'Tutela Legal', afirmó que el régimen de excepción no tiene como principal objetivo garantizar la seguridad, sino «ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial».
Ortiz indicó que en los últimos días han visto «en mayor envergadura la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos».
Con el régimen se suspenden las garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a 15.
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