Los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español han supuesto un vuelco inesperado en el tablero político local. Si al principio la estrategia de persecución mediática y judicial hacían pensar que el Ejecutivo de coalición entre PSOE y SUMAR enfrentaba el lawfare, las pruebas y evidencias que aparecen cada día tras los informes de la policía judicial sitúan los focos en el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ya no se trata de denunciar los ataques y bulos que se ciernen sobre el Gobierno ni defenderse de acusaciones falsas. Ahora hay pruebas, un caso y nombres reales involucrados en un escándalo que desde el PSOE no son capaces de digerir ni superar totalmente.
Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Son los nombres de tres funcionarios socialistas y vinculados al Gobierno que recibieron 'mordidas' (sobornos) a cambio de otorgar contratos públicos a determinadas empresas corruptas como 'Acciona'. Los dos primeros llegaron a ejercer un papel fundamental en el PSOE. Fueron secretarios de Organización y, el segundo, ministro de Transportes.
La oposición, liderada por el Partido Popular, ha dispuesto sus cañones para disparar contra el PSOE, acusando al partido de ser una "trama criminal" o una "mafia" que lleva operando años desde Moncloa (sede del Gobierno) y Ferraz (sede del PSOE).
Más allá va la extrema derecha fascista de VOX. El partido que lidera Santiago Abascal pide cárcel para Pedro Sánchez y es parte fundamental de la estrategia de acoso y ataques a sedes y altos cargos socialistas desde que se revalidó la coalición progresista tras elecciones de 2023.
Toda la polarización política que está viviendo España se dirimió el 9 de julio. Ese día, Sánchez compareció, a Congreso lleno, para dar explicaciones sobre las corruptelas de sus ex altos funcionarios y proponer medidas contra la corrupción.
El PSOE llegó al pleno legislativo con un mal estado de ánimo en sentido general. Sus socios, una heterogénea coalición entre fuerzas de izquierdas y nacionalismos conservadores a los que solo les une el miedo a una coalición de extrema derecha entre PP-VOX, tenían cogidos por los cuernos a un Gobierno débil y en la UCI. De ellos dependía lo que sucediera.
«No llegamos bien [...] Hay que esperar a ver qué deciden», relató un alto cargo socialista bajo condición de anonimato.
Haciendo malabares para contentar a sus socios, Sánchez culminó su intervención, que se puede resumir en una sola frase, dicha por él mismo: «No voy a tirar la toalla».
Tras exponer sus medidas, que incluyen la creación de una agencia independiente encargada de combatir la corrupción, entre otros asuntos, llegó el turno de réplica de sus aliados y de la oposición.
Las derechas, en su tono habitual, acusaron a Sánchez de beneficiarse personalmente de la corrupción y de tener conocimiento de lo que hacían sus funcionarios mientras se repartían dineros y contratos de manera ilegal.
PP-VOX o VOX-PP. Los señalamientos fueron exactamente iguales y, hasta ahora, infundados.
SUMAR, socio menor del Ejecutivo y coalición que agrupa a buena parte de la izquierda española, dió un balón de oxígeno. Golpeada por la muerte de su padre, pero dispuesta a defender al Gobierno, Yolanda Díaz, líder del espacio, no titubeó en apoyar a Sánchez: «Sé que usted es honrado», dijo la también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
«Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría que gobernara la derecha en este país» añadió, dirigiéndose al líder del PP, que le observaba desde el escaño. Fue el momento más emotivo.
«Si esto se queda aquí, en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted tiene que seguir. Porque a un Gobierno no se le puede tumbar con lo que hay encima de la mesa», dijo Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya.
El independentismo catalán de izquierdas fue el segundo soplo de aire fresco que dió esperanzas al Gobierno para continuar.
Ese día Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno salieron de la UCI. Pero siguen en estado delicado.
Podemos, que formó parte del anterior Gobierno de coalición con el PSOE, fue, de lejos, el único socio que se atrevió a llamar las cosas por su nombre y proponer medidas contundentes: «Que Acciona no reciba ni un euro de dinero público» dijo Ione Belarra, secretaria general de la formación morada, en referencia a la principal empresa involucrada en la trama.
El apoyo del partido al Ejecutivo se mantiene. Desde la formación trasladan que no están interesados en un adelanto electoral, de momento. Sin embargo, cuestionan duramente las dinámicas bipartidistas de la corrupción que afectan tan a gobiernos conservadores como socialdemocrátas. Señalan que no es cuestión de ministros, funcionarios o altos cargos corruptos, sino de un sistema político, económico, judicial y mediático destinado a favorecer la corrupción en perjuicio de la mayoría ciudadana.
Las posibles nuevas revelaciones de la policía judicial mantienen en vilo a un gobierno que no está siendo capaz de responder adecuadamente a los problemas sociales, debilitado por la complejidad de la mayoría parlamentaria que le sostiene y asediado por los señalamientos de corrupción interna. No están siendo tiempos fáciles.
La derecha y la extrema derecha rozan en las encuestas la mayoría cualificada para que, tan pronto se convoquen elecciones, caiga quizás el más importante Gobierno no de derechas que aún sobrevive en una Europa que gira cada vez más hacia posiciones neo-fascistas.
Pese a las muestras de apoyo recibidas, en el PSOE saben que la confianza de sus aliados parlamentarios está minada, la credibilidad ante la ciudadanía tocada y la legislatura depende ya de informes judiciales y no de políticas sociales o de Estado. Una situación que, internamente, «es muy difícil de llevar», como reconocen funcionarios del Partido Socialista.
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