Análisis socioeconómico de Cuba en 2025: Medidas gubernamentales y su impacto ciudadano

El año 2025 ha sido definido por las autoridades cubanas como un período de transición hacia una "economía de guerra", una expresión que encarna tanto la urgencia de las políticas económicas como el marco de excepción en el que se implementan. Esta denominación no es meramente retórica; refleja un programa de gobierno integral cuyo objetivo principal es la extracción masiva de divisas para financiar las importaciones vitales, controlar la inflación y reducir el déficit fiscal.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó este programa al Consejo de Ministros el 2 de febrero de 2025, bajo la dirección del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien lo aprobó como una medida fundamental para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. La Asamblea Nacional del Poder Popular ratificó las líneas maestras del plan mediante el Acuerdo X-98 de 2024, estableciendo un marco legal para la conducción económica del país.
La estrategia central del programa es la dolarización parcial, una política compleja y controvertida diseñada para estimular la venta de divisas al sistema bancario formal y diversificar los ingresos externos. Esta medida implica la implementación de un mercado cambiario con mayor flexibilidad basado en oferta y demanda, con el Banco Central de Cuba operando una tasa de cambio variable diaria. Sin embargo, esta apertura coexiste con una profunda segmentación del mercado cambiario. Se mantiene una tasa oficial preferencial para ciertos sectores estratégicos, como las exportaciones y empresas estatales con acuerdos de autofinanciamiento, mientras que para el resto de la población y el comercio minorista, el acceso a dólares se concentra en unos pocos puntos de venta donde prevalece el tipo de cambio informal, que ya supera los 400 CUP/USD a mediados de 2025.

Esta dualidad crea un entorno propenso a la evasión y a la aparición de mercados paralelos, exacerbando las desigualdades sociales al otorgar ventajas competitivas a quienes logran acceder a moneda extranjera a tasas más bajas. Un pilar adicional del programa es la implementación de un nuevo mecanismo para la gestión, control y asignación de divisas para todos los actores económicos, incluyendo formas de gestión no estatal (FGNE). Este nuevo régimen busca regularizar flujos financieros externos y combatir la fuga de divisas, aunque expertos como Mauricio de Miranda Parrondo han señalado la incongruencia entre promover la dolarización en algunos sectores y mantener controles estrictos en otros.
Además de las reformas monetarias, el programa aborda directamente la crisis energética, una de las principales causas de la contracción económica. Se anunció un ambicioso plan para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con la instalación programada de cinco parques fotovoltaicos mensuales a partir de marzo de 2025, con el objetivo final de alcanzar 2 mil MW de generación a partir de Fuentes Renovables de Energía (FRE) durante el año. Aunque estas inversiones son cruciales, su impacto a corto plazo es limitado, ya que el déficit de generación eléctrica superó los 1,000 megavatios en mayo de 2025, provocando apagones prolongados de más de 20 horas diarias en varias provincias.

La inversión se prioriza en áreas clave como la electricidad (33.5% del gasto público en el primer trimestre de 2025), FRE (29.5% del presupuesto total de inversiones), y programas hidráulicos y de vivienda.
Finalmente, el programa busca fortalecer la producción nacional, especialmente en el sector agroalimentario, para reducir la dependencia de las importaciones. Esto se complementa con reformas en el ámbito agrario, como la actualización del Decreto-Ley 358/2018 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo y la modificación del Artículo 24 del Reglamento 350 para añadir "razones de defensa y seguridad nacional" como causa para regular construcciones en estas tierras. Estas medidas buscan ordenar el territorio y potenciar la producción local, pero enfrentan obstáculos estructurales persistentes como la falta de fertilizantes y sistemas de riego adecuados. En conjunto, el programa de gobierno de 2025 representa un intento desesperado por revertir el declive económico, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para coordinar estas políticas de manera secuencial y efectiva, una tarea que ha demostrado ser históricamente difícil en el modelo cubano.

Contexto macroeconómico crítico: Inflación, déficit fiscal y producción contraccionista

La economía cubana en 2025 opera en un estado de profunda crisis, caracterizado por una contracción sostenida del Producto Interno Bruto (PIB), una inflación galopante, un déficit fiscal insostenible y una drástica caída en la producción nacional. Las proyecciones oficiales y los datos preliminares reflejan un panorama sombrío. El Plan de la Economía para 2025, presentado por el ministro Joaquín Alonso Vázquez, proyectaba un crecimiento del PIB del 1% a precios constantes, un nivel mínimo que contrasta fuertemente con las metas de años anteriores. Sin embargo, otras proyecciones, como la de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), anticipaban una nueva contracción del 0.1% del PIB, lo que significaría tres años consecutivos de recesión desde 2022. Los datos de la primera mitad de 2025 confirman esta tendencia contractiva.

La inflación es uno de los síntomas más graves de esta crisis. Tras cerrar noviembre de 2024 con una inflación interanual del 27%, las proyecciones para 2025 oscilan entre un alarmante 25% y 30%. Datos específicos del mes de mayo de 2025 muestran una inflación interanual general del 16.43%, con aumentos muy porcentuales en productos básicos como el arroz (17.44%) y los huevos (7.80%), alimentos que conforman una parte importante del gasto de las familias más pobres. Esta presión inflacionaria se ve agravada por la depreciación de la moneda nacional, que se ha visto afectada por el creciente desfase entre la tasa oficial y el mercado informal, donde el dólar cotiza por encima de los 400 CUP.
El déficit fiscal constituye el núcleo del problema macroeconómico. El Presupuesto del Estado para 2025, aprobado como Ley 174, proyecta un déficit máximo de 88,500 millones de pesos cubanos (CUP). Algunos economistas independientes estiman que este déficit podría representar cerca del 10% del PIB, una cifra que sitúa a Cuba entre los países con peor situación fiscal del mundo. A diferencia de lo que se afirmó en versiones anteriores, no existe emisión de bonos soberanos en pesos para financiar este déficit. En su lugar, el gobierno recurre a ajustes presupuestarios, recorte de subsidios y reprogramación de gastos, especialmente en el sector estatal.

Esta situación se agrava por una producción industrial y agrícola que ha entrado en un proceso de colapso. La producción de bienes exportables en 2024 fue solo del 92.2% del plan, mientras que la producción de cemento alcanzó apenas el 43.2% y no se produjo acero en absoluto. La zafra azucarera de 2025 produjo menos de 100,000 toneladas, una cifra irrisoria frente a las 265,000 toneladas planificadas. Esta caída productiva está directamente relacionada con la escasez crónica de insumos, equipos obsoletos y una infraestructura deteriorada, particularmente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), cuya baja generación limita severamente las actividades industriales y agropecuarias. El resultado es un círculo vicioso: la falta de producción reduce los ingresos y las posibilidades de generar divisas, lo que a su vez exacerba la dependencia de las importaciones y la presión sobre el déficit fiscal.

El sector turístico: Entre la recuperación necesaria y la realidad contractiva

El turismo ha sido históricamente considerado la "locomotora" de la economía cubana, un motor crucial para la generación de divisas, empleo y desarrollo regional. En 2025, el gobierno redobló los esfuerzos para recuperar este sector, declarándolo prioritario en el Programa de Gobierno y en las proyecciones económicas. Sin embargo, la realidad de la primera mitad del año revela una dramática brecha entre las aspiraciones gubernamentales y la realidad del mercado, evidenciando la vulnerabilidad extrema del sector ante factores externos y la propia crisis interna del país.

Las proyecciones iniciales eran optimistas. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, informó que se aspiraba a recibir 2.6 millones de visitantes internacionales en 2025, un ligero aumento respecto a las 2.49 millones recibidas en 2024. El Plan de la Economía 2025 proyectaba un crecimiento de las exportaciones de servicios turísticos del 11% y una meta de 2.6 millones de turistas. Sin embargo, los datos de la primera mitad de 2025 desmienten rotundamente estas cifras. Entre enero y junio, Cuba recibió 981.856 visitantes, lo que representa una caída del 25% en comparación con el mismo periodo de 2024. Específicamente, el primer trimestre de 2025 mostró una caída del 29.7% en la llegada de turistas respecto al primero de 2024. Esta contracción tiene un origen múltiple y grave.
El principal golpe ha venido de los mercados tradicionales. El turismo canadiense, el principal mercado emisor, se desplomó un 25.9% en el primer semestre de 2025. De forma aún más dramática, el turismo proveniente de Rusia, que fue el segundo mercado emisor en 2023 y se había mantenido relativamente estable, se contrajo un 43.5%. Otros mercados importantes también mostraron retrocesos significativos, como Canadá (-31.8%) y la comunidad cubana en el exterior (-20.4%). Las razones para esta caída son complejas y van más allá de la capacidad de respuesta del gobierno cubano. Se atribuyen a la crisis económica y energética en Cuba, al recorte de rutas aéreas por parte de las aerolíneas y a las sanciones estadounidenses que complican las transacciones financieras. Manuel Marrero Cruz, al inaugurar FITCuba 2025, culpó del declive al embargo de EE.UU. y a campañas de desacreditación, evitando mencionar explícitamente la contracción del mercado ruso.

En respuesta a esta crisis, el primer ministro anunció una serie de reformas estructurales en el sector turístico. Entre ellas destaca la eliminación de la tasa sanitaria en aeropuertos y puertos a partir del 1 de mayo de 2025, una medida que busca hacer el destino más competitivo. También se impulsan las alianzas público-privadas entre grandes prestadores turísticos, MiPyMEs y trabajadores por cuenta propia, así como la creación de Zonas Económicas Turísticas Especiales con incentivos adicionales para atraer inversión. Sin embargo, estas medidas parecen tardías y de menor escala frente a la magnitud del problema. El sector ya no puede sostenerse únicamente con la base de clientes de los últimos diez años; requiere una estrategia de innovación y diversificación más audaz, como la certificación verde, la reducción del plástico de un solo uso y el uso de energías limpias, que fueron anunciadas pero cuya implementación práctica sigue siendo incierta. La incapacidad para cumplir las metas turísticas de 2025 no solo afecta negativamente las proyecciones de ingresos en divisas, sino que también socava el principal pilar del programa de gobierno para corregir distorsiones económicas y reimpulsar la economía.

La crisis energética y la agropecuaria: Factores clave de la recesión

Dos sectores fundamentales para la supervivencia y el desarrollo económico de Cuba están sumidos en una crisis profunda, actuando como catalizadores y consecuencias de la recesión general. Por un lado, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en un estado de colapso, generando un déficit de más de 1,000 megavatios y provocando apagones de hasta 20 horas diarias en muchas provincias. Por otro lado, el sector agropecuario, vital para la soberanía alimentaria, presenta una producción que se ha desplomado por tercer año consecutivo, perpetuando la dependencia del país de las importaciones de alimentos. La interconexión entre estos dos problemas es directa: la falta de energía limita severamente la capacidad de producción, transporte y procesamiento de alimentos, mientras que una agricultura robusta requeriría un suministro eléctrico estable y abundante.

La crisis energética es quizás el factor más visible y perjudicial para la vida cotidiana y la actividad económica. El déficit de generación ha obligado al gobierno a declarar una "economía de guerra" y a implementar un programa de inversión masiva para recuperar el SEN. Este plan incluye la modernización del parque térmico existente y la drástica expansión de la generación a partir de Fuentes Renovables de Energía (FRE). El objetivo es instalar 2,000 MW de FRE, una cifra ambiciosa que, si se cumple, transformaría radicalmente el perfil energético del país. En la práctica, se han iniciado programas de instalación de parques solares, con una meta de sumar 5 nuevos parques mensuales a partir de marzo de 2025.
A principios de julio de 2025, se esperaba la suma de alrededor de 170 MW de energía solar fotovoltaica en línea para ese mes, con una meta anual de superar los 1,000 MW. Además, se están realizando importantes inversiones en la modernización de Antillana de Acero y fábricas de cemento, sectores que son pilares de la construcción de nueva infraestructura energética.

Sin embargo, estos proyectos tienen un horizonte temporal medio-largo y su impacto positivo a corto plazo es limitado. La generación distribuida, aunque ha mostrado un rendimiento superior al planeado (superando en un 125% las expectativas en julio de 2025), aún no alcanza a compensar la caída de la generación centralizada, que cubre solo el 86% de lo planificado.
Paralelamente, la crisis agropecuaria amenaza la estabilidad social. La producción de alimentos es insuficiente para satisfacer la demanda interna, lo que lleva a una dependencia crítica de las importaciones, financiadas con las escasas divisas disponibles. Los datos de la zafra azucarera 2025 son emblemáticos de la debacle: se produjeron menos de 100,000 toneladas, menos de la mitad de la cantidad planeada y una fracción de lo necesario para sustituir las importaciones. En la agricultura, los resultados son mixtos pero en general preocupantes.

La producción de frijol y maíz, por ejemplo, cumplió el plan pero no igualó los niveles de 2024, mientras que la producción de huevo y leche fresca incumplieron las metas establecidas. Las causas de esta caída son profundas y estructurales, incluyendo la erosión del suelo, la falta de insumos como fertilizantes, la carencia de sistemas de riego eficientes y la baja capacidad de mantenimiento de la maquinaria agrícola. A pesar de algunas iniciativas locales, como la instalación de secaderos de arroz o la puesta en marcha de proyectos de acuicultura, la estructura productiva del sector sigue siendo vulnerable y poco competitiva.
La solución a esta doble crisis exige una convergencia de políticas. La Estrategia de desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial, presentada en 2025, podría ofrecer herramientas para optimizar el uso de la energía y mejorar la eficiencia en la cadena de producción alimentaria. No obstante, sin una inversión masiva y sostenida en la rehabilitación del SEN y en la modernización integral del campo, la economía seguirá atrapada en un ciclo de dependencia, inflación y escasez.

Reformas monetarias y cambiarias: Dolarización parcial como mecanismo de extracción de divisas

La política cambiaria de Cuba en 2025 representa una de las decisiones más radicales y controversiales del gobierno, marcando un punto de inflexión en la historia económica del país. Tras la fallida reforma monetaria de 2021, que eliminó el peso convertible (CUC) y generó una hiperinflación momentánea, el gobierno optó por una estrategia de "dolarización parcial". Lejos de ser una liberalización gradual, esta política se ha implementado como un mecanismo de control y extracción de divisas, profundizando la segmentación del mercado y exacerbando las desigualdades sociales.

La dolarización parcial se materializa en varios frentes. En primer lugar, ya existen tiendas que reciben dólares en efectivo y a través de tarjetas bancarias internacionales del tipo "Clásica", permitiendo pagos directos en moneda extranjera. Estos establecimientos, como las cadenas 'Mercatoria' y '3ra y 70', funcionan como islas de consumo de élite, vendiendo productos escasos como leche en polvo a precios elevados (por ejemplo, $8.13 por lata). Esta medida, anunciada abruptamente en 2025, benefició a una pequeña élite con acceso a divisas, pero dejó a gran parte de la población fuera de este canal de consumo. La percepción ciudadana es que estas medidas son improvisadas y repetitivas, sin traer mejoras reales al acceso a bienes esenciales.
En segundo lugar, se ha implementado un nuevo mecanismo de gestión y asignación de divisas para todos los actores económicos, incluyendo las formas de gestión no estatal (FGNE). Este sistema busca centralizar el control sobre las divisas, pero su aplicación es compleja y fragmentada. Para las empresas estatales y las unidades con contrato de asociación económica internacional, se han establecido 23 esquemas de autofinanciamiento con retención de divisas, con porcentajes que pueden llegar al 100% para instituciones clave como MINSAP y BioCubaFarma. Esto significa que estas entidades pueden quedarse con todas las divisas generadas por sus exportaciones, lo que les permite financiar sus propias importaciones y crear un microcosmos de autonomía dentro del sistema centralizado. Sin embargo, para el resto de la economía, el acceso a divisas sigue siendo rigurosamente controlado y limitado por el Estado.

El sistema de cambios se ha vuelto cada vez más dual y opaco. Si bien existe una tasa oficial de 125 CUP/USD para ciertas transacciones, el tipo de cambio informal, conocido como "paralelo" o "blanco", supera los 400 CUP/USD a mediados de 2025. Esta enorme brecha genera enormes oportunidades para la especulación y la evasión, y expone a los ciudadanos a pérdidas catastróficas si deciden cambiar sus escasos ahorros. El gobierno intenta gestionar esto mediante un mercado cambiario con mayor flexibilidad, pero la realidad es que la mayoría de las transacciones de divisas ocurren en el mercado negro. El control del cambio es una de las principales competencias de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que registra miles de personas con impedimento para salir del país por deudas fiscales.
Finalmente, la política cambiaria se complementa con un endurecimiento del control de cambios. Se han establecido precios máximos centralizados para productos básicos como arroz y frijoles de producción nacional, tratando de aislarlos de la volatilidad de los precios internacionales. Simultáneamente, se ha intensificado el rigor tributario, con 9,200 personas reguladas en su salida del país por deudas fiscales acumuladas. En resumen, la dolarización parcial no es una política diseñada para integrar a Cuba en la economía global, sino para extraer las divisas disponibles, proteger ciertos sectores estratégicos y mantener un estricto control sobre el flujo de capitales, todo ello a un alto costo social.

Impacto social y percepción ciudadana: Crisis de supervivencia y desigualdad creciente

A pesar de las declaraciones oficiales sobre el cumplimiento de metas y la recuperación económica, la percepción ciudadana y los datos socioeconómicos reflejan una realidad de profunda crisis y deterioro del nivel de vida. La combinación de la inflación galopante, la escasez generalizada, el recorte de salarios reales y la creciente segmentación social ha creado un clima de desesperanza y frustración. La población vive en un estado de supervivencia, donde la capacidad de mantener a las familias se ha convertido en una batalla diaria contra una administración económica percibida como ineficaz y desigual.

Los testimonios de la población son contundentes. Se aprobó recientemente un aumento a las pensiones, una medida bien recibida pero insuficiente. Esperanza, una jubilada de 82 años en Sancti Spíritus, describe una situación precaria: su pensión, aunque aumentada, sigue siendo insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. La escasez de productos básicos como azúcar y pan la obliga a recurrir a sustitutos como refrescos en polvo para endulzar su comida. Esta no es una excepción, sino una condición generalizada. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2024 el 86% de los hogares cubanos vivían en condiciones de supervivencia, una cifra que contrasta con el 76% en 2022. La ONG 'Abuelas de la Calle' documentó que el 61% de los hogares tenía dificultades para adquirir bienes esenciales, un aumento drástico desde el 24% en 2022. El costo de la canasta básica para dos personas superó los 24,000 pesos cubanos en precios de mercado en mayo de 2025, un valor que está fuera del alcance de la mayoría de los salarios.

La percepción de la población sobre las nuevas medidas de 2025 es mayoritariamente negativa. La dolarización parcial es vista como una medida que solo beneficia a una élite con acceso a divisas, mientras que la mayoría de la gente queda excluida de los canales de compra de bienes escasos. La eliminación de la libreta de abastecimiento, anunciada para 2025, es recibida con temor, ya que se asocia con una mayor volatilidad de precios y una mayor dificultad para acceder a alimentos subsidiados. Las medidas de control de precios, como la fijación de precios máximos para el arroz y el frijol, son vistas con escepticismo, ya que las estanterías de las tiendas permanecieron vacías durante la primera mitad de 2025 y la distribución de estos productos se hizo a través de despachos centralizados por el MINCIN. La población percibe estas acciones como improvisadas y repetitivas, sin soluciones efectivas para la estabilización macroeconómica.
La desigualdad social se ha vuelto palpable. El salario básico en Cuba es de menos de 8.00 dólares estadounidenses mensuales, un valor insignificante en un mercado donde los precios en divisas son prohibitivos.

Mientras tanto, el sector privado, que opera mayoritariamente en dólares, ofrece salarios mucho más altos, creando una barrera económica casi infranqueable para los empleados del sector estatal. Esta segmentación de precios y salarios es una característica central de la economía cubana en 2025. El 10% de la población concentra el 60% del efectivo que circula fuera del sistema bancario, mientras que el 2% de los cuentahabientes posee más del 50% de los saldos bancarios, según datos de 2024. Esta concentración de riqueza, junto con la creciente importancia del sector privado en el comercio, ha llevado a análisis que describen a Cuba como evolucionando hacia un "capitalismo de Estado", similar a China o Rusia, donde el poder económico se concentra en élites cercanas al gobierno.

De forma general, el impacto social de las políticas de 2025 es devastador. La administración económica del gobierno parece estar funcionando como una "bomba de tiempo" social. Mientras continúe la dependencia de la extracción de divisas, la segmentación de la economía y el recorte de los servicios sociales, el riesgo de una explosión social crece exponencialmente. La población, que ya ha pasado por una de las crisis más catastróficas desde 1959 está cada vez más cansada de las promesas de "salvar la revolución y el socialismo" que no se traducen en mejores condiciones de vida.