En Argentina, el Senado rechazó el jueves (03.04.2025) la nominación de dos magistrados elegidos por el presidente ultraliberal Javier Milei para formar parte de la Corte Suprema. El año pasado, el señor Milei propuso a Ariel Lijo (un juez federal especializado en casos de corrupción) y a Manuel García-Mansilla (un académico conservador opuesto al aborto) para unirse a la corte, que tiene dos de sus cinco puestos vacantes, que se llenarán en 2021 y 2024.
Había optado por la clásica vía parlamentaria, pero ambos candidatos fueron cuestionados por parte de la oposición argentina. El Senado se mostró reacio a aprobar estas decisiones y el presidente Milei necesitaba el apoyo de dos tercios de la cámara alta, donde su partido sólo tiene siete representantes sobre 72 senadores.
En febrero, a falta de una decisión del Senado, Javier Milei anunció que nombraría a los dos jueces por decreto hasta finales de 2025, obligando a una revisión por parte del Senado durante la siguiente sesión parlamentaria según la Constitución. La presidencia denunció entonces la inercia del Senado y «una politización de la justicia (que) es una de las principales razones por las cuales los argentinos no cuentan con un sistema judicial capaz de resolver sus problemas».
A pesar de las negociaciones políticas hasta el último minuto entre los partidos llamados "dialogantes" (de centroderecha) y la presidencia -antes de que Javier Milei partiera a Estados Unidos-, su candidatura fue finalmente rechazada por una amplia mayoría: 44 votos contra Lijo y 51 contra García-Mansilla.
El gobierno y la oposición en Argentina se acusan regularmente entre sí de politizar y explotar el sistema de justicia, marcado por la falta de recursos, la lentitud y las disfunciones que contribuyen a generar una imagen negativa ante la opinión pública. Según una encuesta realizada a finales de 2023, el 92% dijo no tener confianza en el sistema de justicia.
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