La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este sábado (19.04.2025) la deportación de un grupo de al menos una treintena inmigrantes venezolanos, que se hallan en el centro de detención Bluebonnet de Texas, acusados de ser supuestod pandilleros venezolano por parte de la Administración fascista de Trump.
La decisión llega después de que, a comienzos de este mes, la Corte dictaminara que las personas deportadas deben tener la oportunidad de apelar legalmente su expulsión. El presidente ultraderechista Donald Trump ha defendido estas deportaciones masivas amparándose en una ley de época colonial del siglo XVIII.
«Se ordena al gobierno que no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la categoría de detenidos potenciales hasta nueva orden de este tribunal», decía la breve orden del Tribunal Supremo emitida a primera hora del sábado.
La orden fue aprobada por siete votos a favor y dos en contra, emitidos por los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, conocidos por su postura extremadamente conservadora. Establece un período de espera hasta que un tribunal inferior, el Quinto Circuito o distrito judicial de Estados Unidos, emita su fallo. Esta decisión siguió a un recurso de urgencia presentado por defensores de los derechos humanos para suspender la deportación de migrantes actualmente detenidos en un centro de detención en Texas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo en su recurso de emergencia el viernes por la noche que al grupo de venezolanos actualmente retenidos en Texas se les había comunicado que «serán expulsados de forma inminente en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros, tan pronto como esta noche», sin la revisión judicial previamente ordenada por los jueces.
A principios de abril, el Tribunal Supremo dijo que cualquier persona que se enfrente a la deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros debe tener primero la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión con un "tiempo razonable".
Desde marzo, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, el presidente de Estados Unidos, el fascista Donald Trump, ha acorralado a los migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua para expulsarlos de manera rápida a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Esa ley se había utilizado durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Esto luego que el Gobierno de EE.UU. llegara a un acuerdo con el dictador de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE. UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.
Todo entra en el marco de las promesas de campaña de Trump, ya que una fue expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Desde entonces ha acusado a Venezuela de "perpetrar una invasión" de Estados Unidos con la entrada de supuestos miembros del Tren de Aragua.
Abogados de varios de los venezolanos deportados anteriormente han dicho que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua ni habían cometido delitos, pero fueron atacados en gran medida por sus tatuajes.
El viernes, la ACLU dijo en su presentación que los migrantes en Texas estaban en peligro de «ser expulsados de los Estados Unidos sin previo aviso o la oportunidad de ser escuchados».
«Muchos individuos ya han sido subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto», dijo el grupo de derechos.
La deportación sería la primera desde la sentencia del Tribunal Supremo (5-4) que permitió las expulsiones en virtud de la ley de 1798, pero en la que esta vez se especificaría al mismo tiempo que «la notificación debe efectuarse en un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar efectivamente el recurso de hábeas corpus en el lugar adecuado antes de que se produzca la expulsión».
El hábeas corpus es el derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención, que se considera fundamental en la legislación estadounidense.
Aunque el Tribunal Supremo no indicó con cuánta antelación debe notificarse, abogados de todo el país han pedido que se avise a los migrantes con 30 días de antelación para que puedan impugnar sus deportaciones, pero la administración Trump no ha informado públicamente con cuánta antelación pretende avisar a los migrantes.
En total, EE. UU. ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la cárcel Cecot, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.
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