El Gobierno de Trump planea enviar migrantes deportados a centros de detención en Libia en un vuelo militar

El Gobierno del presidente, Donald Trump, tiene planes de enviar a inmigrantes indocumentados a Libia en un avión militar como parte de su agresivo programa de deportaciones, según dijeron dos funcionarios estadounidenses a la cadena 'NBC News'.

Los funcionarios no pudieron decir cuántos irán en el vuelo ni de qué nacionalidad son. El diario 'The New York Times' fue el primero en informar sobre estos planes.
El plan de enviar inmigrantes deportados a Libia ha sido mantenido en secreto y aún podría no tener lugar por razones logísticas, legales o diplomáticas, reportó el diario.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo la semana pasada que Estados Unidos no estaba satisfecho sólo con enviar migrantes a El Salvador e indicó que Washington estaba buscando ampliar el número de países a los que podría deportar a personas.

El Departamento de Estado actualmente no aconseja viajar a esa nación del norte de África debido «debido a la delincuencia, el terrorismo, [la presencia de] minas terrestres sin detonar, conflictos civiles y armados y secuestros».
Libia es una nación que aún se encuentra dividida después de años de guerra civil tras el derrocamiento del dictador Muamar al Gadafi. De hecho, en el país hay dos gobiernos: uno establecido en Trípoli, la capital, en el Oeste, y otro en Bengasi, liderado por Khalifa Haftar, en el Este.

Estados Unidos solo mantiene relaciones formales con el Gobierno establecido en Trípoli. Sin embargo, Saddam, hijo de Haftar, visitó Washington la semana pasada y mantuvo reuniones con varios funcionarios de la Administración Trump. Haftar, con quien Trump mantuvo relaciones amistosas durante su primer mandato, controla la mayor parte de los yacimientos de petróleo de Libia.

Tras la noticia, el Gobierno de Unidad Nacional, que une al cuerpo basado en Trípoli con el Segundo Gabinete de Al-Thani con sede en Tobruk, negó categóricamente en un comunicado «la existencia de cualquier acuerdo o coordinación en relación con la recepción de cualquier migrante deportado desde los Estados Unidos».
Además, también dijo que el acuerdo «no representa al Estado Libio y no lo vinculan jurídica ni políticamente» e insistió en su rechazo a que se utilice el territorio de Libia «como destino para la deportación de migrantes sin su conocimiento o consentimiento, y se adhiere a su derecho a proteger la soberanía nacional».
Libia es un puente importante de migrantes que tratan de llegar a Europa y tiene una amplia red de centros de detención para migrantes y refugiados.

Las condiciones en esos centros de detención son "duras y potencialmente mortales" y los detenidos, incluidos los niños, «no tienen acceso a los tribunales de inmigración ni a un proceso justo», afirmó el Departamento de Estado en su informe anual sobre derechos humanos de 2024.
Grupos de derechos humanos han calificado las condiciones en los centros de detención migrantes en Libia de "deplorables" y "horribles".
De acuerdo con un reporte de 'Amnistía Internacional' de 2021, los centros de detención son un "infierno", donde se han hallado pruebas de "violencia sexual contra hombres, mujeres y niños".

Según el Proyecto de Detención Global, los migrantes detenidos en Libia son víctimas de "maltratos físicos y tortura", trabajo forzado y esclavitud.
La relación del plan de enviar migrantes a Libia tiene lugar después de que dos jueces el martes federales declararan como "inválido" el uso de la ley de Enemigos Extranjeros para llevar a cabo deportaciones de presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Una jueza en Colorado ordenó que se impida a la Administración detener, trasladar o expulsar del Distrito de Colorado a demandantes y a miembros venezolanos de la pandilla transnacional que corran el riesgo de ser expulsados en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que ha invocado Trump.

«El presidente tiene "derecho a examinar las pruebas disponibles" y a tomar una decisión definitiva sobre si una organización o entidad constituye una "nación o Gobierno extranjero" que ha invadido o llevado a cabo una incursión depredadora contra los Estados Unidos», escribió la jueza Charlotte Sweeney.
Por su parte, el juez Alvin Hellerstein, magistrado superior de la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, quien dijo también el martes que la ley de Enemigos Extranjeros "no fue invocada válidamente" por la Administración Trump cuando optó por deportar a los presuntos miembros del Tren de Aragua.

Hellerstein concedió este martes una medida cautelar en el caso de dos demandantes identificados como G.F.F. y J.G.O., quienes fueron sacados de aviones con destino a El Salvador y trasladados de vuelta a Nueva York desde Texas, donde habían sido detenidos por su presunta pertenencia a la banda.