La junta militar que gobierna Malí desde el golpe de Estado de 2020 ha dado un paso más en su consolidación del poder autoritario, al decretar la disolución de todos los partidos políticos y organizaciones de carácter político en el país. La medida, anunciada a través de la televisión estatal 'ORTM1', ha generado condenas internacionales y profundiza la crisis institucional que vive la nación saheliana.
La decisión, firmada por el jefe de la junta, el general Assimi Goïta, llega en un momento de creciente tensión, con manifestaciones recientes de la oposición exigiendo el retorno al orden constitucional y la celebración de elecciones, que la junta ha aplazado indefinidamente en marzo de 2024. Inicialmente, la junta había suspendido las actividades de los partidos por "razones de orden público", pero ahora ha optado por una prohibición total.
Esta acción represiva elimina de facto cualquier espacio para la expresión política organizada en Malí, asfixiando aún más la ya debilitada democracia del país. Desde los golpes de 2020 y 2021, la oposición ha sido objeto de medidas de represalia, procesos judiciales y un discurso oficial que busca la unidad en torno al poder militar, en un contexto de inseguridad crónica ligada al yihadismo y la rebelión tuareg.
La prohibición de los partidos políticos contraviene directamente la Constitución maliense de 1992, que garantiza el multipartidismo, la libertad de expresión y de asociación, principios que incluso fueron reafirmados en la nueva ley fundamental promulgada en 2023 por la propia junta.
La comunidad internacional, incluyendo a la ONU, ha expresado su preocupación y ha instado a la junta a revocar este "decreto draconiano" que socava los derechos fundamentales y la estabilidad democrática de Malí. La medida también se produce en un contexto en el que Bamako ha estrechado lazos con Rusia y se ha distanciado de sus tradicionales socios occidentales, abandonando incluso la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) junto a Burkina Faso y Níger.
La incertidumbre planea sobre el futuro político de Malí, mientras la junta militar parece decidida a mantener el control sin fecha definida para el retorno a un gobierno civil. La prohibición de los partidos políticos representa un retroceso significativo para la democracia en la región y plantea serias dudas sobre la voluntad de los militares de cumplir con sus promesas de transición.
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