Editorial | La toga como garrote: Tácticas golpistas judiciales contra gobiernos de la izquierda en América Latina

En las últimas décadas, América Latina ha sido testigo de una preocupante evolución en las estrategias de desestabilización política. Más allá de los tradicionales golpes militares, ha emergido una nueva forma de "golpe blando" o "golpe judicial", donde el poder judicial se convierte en un actor clave para socavar y, en ocasiones, derrocar a gobiernos de izquierda democráticamente elegidos.

Esta instrumentalización de la justicia, a menudo disfrazada de cruzada anticorrupción o defensa de la institucionalidad, persigue objetivos políticos y económicos, minando la soberanía popular y consolidando agendas conservadoras.

Una de las tácticas más recurrentes es la judicialización de la política, también conocida como lawfare. Esta estrategia implica el uso abusivo de herramientas legales y judiciales para desacreditar, perseguir y, en última instancia, inhabilitar a líderes y funcionarios de gobiernos progresistas. Se fabrican o inflan acusaciones de corrupción, malversación de fondos o asociación ilícita, a menudo basadas en pruebas débiles, testimonios cuestionables o filtraciones interesadas a medios de comunicación afines.

El objetivo no es tanto la justicia como la condena mediática y la erosión de la credibilidad popular.

El uso selectivo de la justicia es otra característica definitoria. Mientras que casos de corrupción o irregularidades en gobiernos de derecha o sectores empresariales afines permanecen en la impunidad o avanzan a paso de tortuga, las investigaciones contra figuras de izquierda son aceleradas, mediáticas y a menudo filtradas estratégicamente. Esta asimetría genera una percepción de sesgo y persecución política, alimentando el descontento y justificando supuestas "acciones correctivas" por parte de la justicia.

La filtración constante a medios de comunicación hegemónicos es un componente crucial de estas tácticas. Antes incluso de que se presenten cargos formales, los medios publican detalles de investigaciones, supuestas pruebas y testimonios, creando un juicio paralelo en la opinión pública.
Esta presión mediática busca no solo la condena social, sino también influir en las decisiones judiciales y presionar a los jueces para que actúen en una determinada dirección. Se construye una narrativa de "corrupción generalizada" que justifique la necesidad de "limpiar" el sistema.

Un aspecto particularmente insidioso es la manipulación de los tiempos procesales y la prisión preventiva. Los procesos contra líderes de izquierda suelen alargarse indefinidamente, manteniendo a los acusados bajo investigación o incluso en prisión preventiva por períodos prolongados, a menudo sin una condena firme. Esto no solo genera un desgaste personal y político, sino que también inhabilita a los líderes para participar en elecciones o ejercer sus funciones, abriendo el camino para la ascensión de figuras políticas más afines a los intereses de quienes impulsan estas maniobras.

Finalmente, la interpretación sesgada de la Constitución y las leyes por parte de ciertos tribunales supremos o cortes constitucionales es una táctica golpista de gran impacto. Se utilizan resquicios legales, precedentes ambiguos o interpretaciones forzadas para anular políticas públicas, destituir funcionarios o, en casos extremos, justificar procesos de impeachment sin las causales constitucionales claras. Esta "ingeniería legal" disfraza de legalidad lo que, en esencia, es un golpe de Estado institucional, despojando al gobierno de su capacidad de gobernar y de cumplir con el mandato popular.

En resumen, los golpes judiciales contra gobiernos de izquierda en América Latina representan una amenaza seria para la democracia y el Estado de Derecho. Se caracterizan por el lawfare, la selectividad judicial, la alianza con medios de comunicación, la manipulación de los tiempos procesales y la interpretación interesada de las leyes. Reconocer y denunciar estas tácticas es fundamental para defender la voluntad popular y la autonomía de los pueblos frente a los intereses de élites que buscan perpetuar su poder a través de la instrumentalización de la justicia.