El año de la crisis: Análisis de las protestas sociales y el desgaste político en Ecuador

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión crítico para la estabilidad política y social de Ecuador. Las protestas que sacuden al país desde septiembre no son un evento aislado, sino la culminación de una acumulación de tensiones profundas, alimentadas por decisiones políticas específicas del gobierno de Daniel Noboa y su contexto más amplio de ajuste estructural bajo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este informe analiza en profundidad las raíces de la crisis, la naturaleza de la movilización popular, la respuesta gubernamental, el impacto económico y las perspectivas de un panorama político cada vez más incierto.
La narrativa se centra en desentrañar las complejas interacciones entre las políticas de austeridad, la reacción de los actores sociales, la represión estatal y la erosión de la legitimidad del Ejecutivo, revelando un escenario donde el "paquete de recortes" se convirtió en el catalizador de una profunda crisis de gobernabilidad.

Raíces del conflicto: El paquete de recortes como catalizador

La tormenta política que azota a Ecuador en 2025 tiene sus orígenes en un conjunto de medidas de ajuste fiscal profundamente impopulares, diseñadas para cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno del presidente Daniel Noboa se encuentra inmerso en la implementación de un acuerdo crediticio de emergencia (Extended Fund Facility o EFF), inicialmente de 4,000 millones de dólares, que fue reforzado en julio de 2025 hasta alcanzar los 5,000 millones de dólares. Este crédito, que abarca el período de 2024 a 2028, exige un esfuerzo fiscal significativo para reducir el déficit público, que era de 5,000 millones de dólares (cerca del 5% del PIB) al inicio del mandato de Noboa.

La estrategia principal del gobierno para lograr este objetivo es un paquete de recortes y reformas que afectan directamente a múltiples sectores de la economía y la sociedad.
Las medidas fiscales acordadas representan un esfuerzo del 1.1% del PIB (aproximadamente 1,400 millones de dólares) destinados a la mayor recaudación no petrolera y a la optimización del gasto. Entre las principales iniciativas se encuentran: la eliminación gradual de subsidios a combustibles, la implementación de nuevas tasas mineras y la modificación de tarifas eléctricas para grandes consumidores, lo que generará un ahorro fiscal anual de casi 300 millones de dólares. Además, el gobierno se comprometió a controlar el crecimiento de la nómina del sector público y a llevar a cabo seis reformas estructurales clave, como una auditoría exhaustiva a Petroecuador y la apertura del catastro minero.

La medida que funcionó como el principal detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel, materializada en el Decreto Ejecutivo 126. Esta decisión, tomada el 12 o 13 de septiembre de 2025, elevó el precio del galón de diésel de 1.80 a 2.80 dólares, liberando un ahorro fiscal estimado de 1,100 millones de dólares anuales. El gobierno justificó esta medida argumentando que el subsidio, vigente desde 1974, era fiscalmente insostenible, regresivo e incentivaba actividades ilícitas como el contrabando y la minería ilegal. Sin embargo, esta explicación oficial chocó frontalmente con la realidad vivida por los sectores productivos y populares, cuyos costos operativos se dispararon instantáneamente. El impacto se sintió especialmente fuerte en el transporte, que concentra más del 83% del consumo de diésel nacional, y en el agro, donde el aumento de costos ya se trasladaba a los precios de los productos básicos.
Antes de esta medida explosiva, el gobierno ya había sentado un precedente con ajustes similares. En junio de 2024, durante su primer mandato, Noboa eliminó los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís mediante un sistema de bandas de precios. Aunque estas acciones provocaron marchas menores, la eliminación total del subsidio al diésel en septiembre de 2025 escaló la tensión a un nivel mucho mayor, considerando que el diésel es un pilar fundamental para la cadena de producción y distribución de bienes en todo el país. La combinación de esta medida con otras políticas de ajuste, como la convocatoria por decreto a un referéndum para una Asamblea Constituyente —considerada inconstitucional por la Corte Constitucional— y una serie de reformas legales suspendidas por el mismo tribunal, creó un clima de hiper-tensión.

Para la población, estas acciones no eran solo recortes técnicos; eran parte de un plan más amplio de "autoritarismo" y "atropello a la democracia", lo que explica la intensidad y la masividad de la respuesta social.

Medidas clave del paquete de recortes de Daniel Noboa

Las medidas incluyeron la eliminación del subsidio al diésel con el aumento del precio del galón de USD 1.80 a USD 2.80, liberando un ahorro fiscal de USD 1,100 millones anuales. También está una nueva tasa minera que promueve la implementación de un nuevo régimen fiscal minero con meta de ingresos adicionales de USD 1,032 millones en 2025.

Por otra parte, el ajuste de tarifas eléctricas produjo una modificación de tarifas para grandes consumidores, generando un ahorro anual de USD 300 millones, junto a una reforma tributaria que aseguró la eliminación de beneficios tributarios ineficientes para empresas. Habría que sumar los despidos y fusión de ministerios que condujo al despido de 5,000 servidores públicos y fusión o eliminación de doce ministerios y secretarías; además de una reducción del gasto salarial bajo el compromiso de controlar el gasto en salarios del sector público.

Movilización social en marcha: Los líderes y demandas de la protestas

La respuesta a las políticas de ajuste del gobierno de Daniel Noboa no se limitó a rumores o manifestaciones esporádicas; se consolidó en una poderosa y coordinada movilización social liderada principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Estas dos organizaciones, históricamente influyentes en la arena política ecuatoriana, han sabido capitalizar la frustración generalizada para articular demandas unitarias contra un gobierno que perciben como autoritario y ajeno a las necesidades del pueblo.

La Conaie, bajo la presidencia de Marlon Vargas, se posicionó como el principal motor de la protesta que comenzó en septiembre de 2025. Su convocatoria a un paro nacional indefinido fue presentada como una "respuesta colectiva al autoritarismo", a la crisis económica y como un reclamo por la dignidad nacional. Las demandas de la organización indígena son multifacéticas y reflejan preocupaciones profundas sobre la soberanía y la calidad de vida. Exigen la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, así como la revocación de la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente, calificada como una maniobra para concentrar poder.

Además, la Conaie exige un presupuesto digno para la salud, la educación y la seguridad, y la devolución de la sede del Ejecutivo, que fue temporalmente trasladada a Latacunga, Cotopaxi, como medida de seguridad durante las protestas. La organización también denunció una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, con acusaciones de uso desmedido de la fuerza, disparos con fusiles de asalto contra poblaciones civiles y violaciones a la propiedad privada. La Conaie ha utilizado su experiencia histórica, evocando las protestas de 2019 y 2022 contra los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente, como precedentes que demostraron el potencial de resistencia popular.

Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la central obrera más grande del país, ha centrado su protesta en una crisis económica y social tangible para los trabajadores. Sus convocatorias, anunciadas para noviembre de 2024 y 2025, responden a una triple amenaza: la severa crisis energética con apagones que pueden llegar a doce horas diarias, afectando directamente la producción industrial y el empleo; el desempleo creciente; y una grave crisis de seguridad impulsada por la delincuencia organizada. Los dirigentes sindicales, como José Villavicencio y Nelson Erazo, han denunciado la falta de acción del gobierno frente a esta situación y han alertado sobre el riesgo de despidos masivos debido a los cortes de energía. El FUT también participa activamente en otros frentes de lucha, como la defensa de la Corte Constitucional contra las reformas legislativas del gobierno y la organización de "contracumbres" como acto de protesta contra eventos internacionales, como la Cumbre Iberoamericana en Cuenca.

Más allá de estos dos gigantes de la protesta, otras organizaciones y figuras han sumado su voz. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), liderado por Rafael Negrete, participó activamente en los bloqueos en esa provincia, denunciando una persecución sistemática contra el movimiento indígena. Organizaciones como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) de Azuay anunciaron un "levantamiento permanente" con bloqueos viales. Figuras prominentes como Leónidas Iza, Yaku Pérez y Andrés Quishpe (presidente de la UNE) han emitido declaraciones de rechazo al gobierno, aunque sin convocar movilizaciones tan masivas como la Conaie. La convergencia de estas distintas corrientes sociales, desde comunidades rurales hasta sindicatos urbanos, representa una coalición de facto que busca forzar un cambio de ruta política y económica, enfrentándose no solo al gobierno actual, sino también a los marcos de ajuste externos como el programa del FMI.

La represión y el estado de excepción: Un gobierno en defensiva

Enfrentado a una ola de protestas masivas y coordinadas, el gobierno de Daniel Noboa ha optado por una estrategia dual que combina diálogos superficiales con una respuesta represiva cada vez más dura. Esta táctica busca contener la movilización social mientras se intenta blindar las políticas de ajuste ante la presión popular y la oposición institucional. La respuesta estatal ha sido caracterizada por la militarización de la respuesta policial, el decreto de restricciones drásticas a las libertades ciudadanas y un discurso que tiende a estigmatizar a los manifestantes.

Desde el inicio de las protestas, las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en gran número en las zonas de conflicto. En Imbabura, Pichincha y norte de Cotopaxi, donde se concentraron los mayores cierres viales, la Policía Nacional y el Ejército realizaron enfrentamientos directos con los manifestantes. La Policía Nacional denunció "acciones terroristas" por parte de unos 1,000 manifestantes en Otavalo, acusándolos de quemar vehículos y llantas y atacar un cuartel policial. Las denuncias de represión por parte de los grupos indígenas y campesinos fueron graves: se habló de enfrentamientos en Caluquí donde los manifestantes hicieron retroceder a las fuerzas militares, de uso de gas lacrimógeno por parte de la policía en lugares como Cayambe y San Pablo, y de enfrentamientos armados en Pijal (Imbabura) donde la fuerza pública habría usado fusiles de asalto, causando heridas leves. Dirigentes como Marlon Vargas de la Conaie rechazaron estas etiquetas de "terrorista", afirmando que el paro es un derecho legítimo.

Para sofocar la protesta, el gobierno recurrió al decreto del estado de excepción. Fue impuesto en seis regiones, incluyendo Carchi, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Chimborazo, bajo la justificación de "grave conmoción interna". Este decreto otorgó facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, el toque de queda en cinco provincias: Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi. Estas medidas, vistas por muchos como una forma de criminalizar la protesta pacífica, sirvieron para intensificar el antagonismo con los movimientos sociales. El gobierno respondió a la movilización con una mayor presencia militar, como se evidenció cuando el Ejecutivo trasladó temporalmente su sede a Latacunga y envió miles de efectivos para militarizar la ciudad. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, llegó a asegurar que no habría derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel, aunque simultáneamente se mantenían mesas de diálogo con transportistas.

Esta confrontación no se limitó a la calle. El gobierno también utilizó los aparatos del Estado para crear un frente pro-gobierno. La ministra Rovira encabezó marchas de apoyo a Noboa en ciudades como Latacunga, y el Ministerio del Interior reportó 24 detenidos a nivel nacional, aunque otras fuentes señalaron cifras más altas, como 50 o incluso 240 detenidos en el primer día del paro. El gobierno también lanzó plataformas digitales para que los ciudadanos denuncien especulación de precios, pero esta medida fue criticada por algunos sectores como una distracción o una herramienta más de control social. En resumen, la respuesta del gobierno ha sido la de un actor en defensiva, utilizando tanto la fuerza represiva como el control institucional y mediático para intentar revertir la creciente presión popular, lo que ha resultado en una escalada de violencia y polarización.

Compensaciones y control: La estrategia gubernamental de mitigación y contención

Ante la imparable oleada de protestas, el gobierno de Daniel Noboa implementó una estrategia de mitigación multifacética que buscaba contener el descontento ofreciendo compensaciones a los sectores más afectados, mientras simultáneamente endurecía el control sobre la economía y la información. Esta estrategia combinaba gestos de aparente benevolencia con medidas de coerción y propaganda, reflejando una profunda ambivalencia y un intento por gestionar la crisis sin ceder en sus objetivos fundamentales de ajuste fiscal.

La principal línea de defensa del gobierno fue la propuesta de un "Escudo social" y un conjunto de bonos y compensaciones dirigidas a transportistas, agricultores y sectores vulnerables. Para el sector del transporte, que vio aumentar drásticamente sus costos operativos, se anunció un paquete de incentivos por valor de 220 millones de dólares. Esto incluía un bono mensual de entre 400 y 1,000 dólares para aproximadamente 23,300 choferes y transportistas, con una duración de ocho meses. Además, se ofrecieron créditos preferenciales del 9% anual a través de 'BanEcuador' para la renovación de flotas, con plazos de hasta siete años ("7x7"). Se prometió además pagar una deuda histórica de 80 millones de dólares con el sector y un bono de chatarrización de hasta 23,000 dólares para quienes vendieran sus vehículos. Para los pequeños agricultores, se creó el 'Bono Raíces', que consistía en un pago único de 1,000 dólares para 100,000 beneficiarios, además de la entrega de tractores y motores fuera de borda.

Finalmente, se ampliaron programas sociales existentes, como el Bono de Desarrollo Humano, que recibió a 55,000 nuevas familias, y la devolución del IVA a adultos mayores y constructores.
Sin embargo, estas compensaciones fueron ampliamente rechazadas por los movimientos sociales como "migajas temporales" y "bonos de consuelo". Los dirigentes sindicales y campesinos calificaron estas medidas como insuficientes, temporales y con un alto riesgo de corrupción y malversación de fondos. La desconfianza era palpable, especialmente por parte de los transportistas, muchos de los cuales tienen deudas millonarias pendientes con el Estado y temen que las compensaciones nunca lleguen o sean retrasadas. La propia eficacia de estas medidas fue cuestionada, ya que los analistas señalaban que el costo agregado final del diésel ya estaba impactando los precios finales, y cualquier aumento se trasladaría al consumidor independientemente de los bonos.

Paralelamente a la oferta de compensaciones, el gobierno intensificó el control sobre la economía para combatir la inflación esperada. El Ministerio de Gobierno, a través de la plataforma "denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec", lanzó una campaña para recibir denuncias ciudadanas sobre especulación de precios en víveres, combustibles y materiales de construcción. Entre el 13 y el 19 de septiembre, se realizaron cerca de 6,800 operativos de control en más de 15,000 establecimientos comerciales, lo que resultó en 59 detenciones y 23 clausuras de locales por aumentos injustificados. En Guayas, por ejemplo, se multó a locales que vendían un saco de papa a 48 dólares, un precio muy por encima del autorizado. Este enfoque de "tolerancia cero" buscaba proteger el poder adquisitivo de las familias, pero también sirvió para transmitir una imagen de gobierno actuando firmemente, aunque los resultados fueran meramente paliativos frente a un problema estructural. La estrategia gubernamental, en definitiva, fue una danza entre la oferta de migajas y el castigo ejemplar, una táctica que pudo contener el descontento a corto plazo pero que no abordó las causas profundas de la crisis.

Impacto económico y crisis de confianza: El costo del ajuste fiscal

El paquete de recortes y ajustes fiscales impulsado por el gobierno de Daniel Noboa está teniendo un impacto profundo y multifacético en la economía ecuatoriana, exacerbando una crisis de confianza tanto dentro del país como en el escenario internacional. Lejos de ser una simple transferencia de recursos, las políticas de austeridad están generando una espiral negativa de costos sociales, inflación y pérdida de credibilidad, amenazando con revertir cualquier ganancia fiscal a largo plazo.

El impacto más directo se siente en el bolsillo de los ciudadanos. La eliminación del subsidio al diésel ya ha provocado un encarecimiento inmediato y generalizado de los costos de producción y transporte. Esto se traduce directamente en un aumento de los precios de la canasta básica. Datos del INEC de julio de 2025 ya mostraban una inflación mensual del 0.17% y anual del 0.72%, con alimentos como el plátano verde y la cebolla registrando aumentos significativos. La eliminación del diésel empuja esta tendencia hacia arriba, con anticipos de alzas en productos agrícolas como el coco y el quintal de naranja. El Banco Central de Ecuador proyectó que el impacto inflacionario más severo se sentirá en 2026, con una inflación esperada del 3.2%, un aumento considerable respecto al 1.3% proyectado para 2025. Esta presión inflacionaria, combinada con una posible desaceleración del crecimiento del PIB al 1.8% en 2026, sugiere una caída en el poder adquisitivo de la población y una menor inversión privada.

Más allá de la inflación, el costo del ajuste fiscal se mide en pérdidas económicas tangibles. El sector empresarial estima que cada hora de apagón, una de las tantas crisis que aquejan al país, genera pérdidas de 18 millones de dólares. Estos cortes de energía, junto con la inseguridad y la incertidumbre política, están ahuyentando la inversión y socavando la competitividad. El riesgo país, una métrica del riesgo de impago de la deuda soberana, cerró en 762 puntos básicos el 22 de septiembre de 2025, un indicador de alta volatilidad impulsado precisamente por el alza del diésel y las protestas.
La crisis de confianza es quizás el costo más caro. El gobierno ha perdido credibilidad tanto en el ámbito social como en el institucional. La población ve las compensaciones como insuficientes y llenas de corrupción.

Las instituciones están en guerra: la Corte Constitucional suspendió cautelarmente varias leyes clave del gobierno por inconstitucionales, lo que demuestra una fractura institucional profunda. La propia gestión del gobierno, con cambios constantes de opinión y promesas incumplidas (como el anuncio de que los pasajes no subirían), ha erosionado la confianza en su capacidad para gobernar. La percepción de que el país está siendo sometido a un "ajuste" que beneficia a intereses externos (el FMI) y a unos pocos a costa de la mayoría, como argumenta la Conaie, se está haciendo cada vez más común. Esta pérdida de confianza no solo dificulta la implementación de futuras políticas, sino que también aumenta el riesgo de una mayor inestabilidad social y política, creando un ciclo vicioso de protesta, represión y más protesta que amenaza con llevar al país a una nueva crisis de gobernabilidad similar a la de octubre de 2019.

Perspectivas de inestabilidad: Hacia una nueva crisis de gobernabilidad

El panorama político y social de Ecuador en 2025 indica una trayectoria claramente hacia una mayor inestabilidad, con serias consecuencias para la gobernabilidad del país. La acumulación de factores —una crisis económica profunda, una protesta social masiva y coordinada, una respuesta gubernamental confrontacional y una erosión de la confianza institucional— ha creado un entorno altamente volátil donde la posibilidad de una nueva crisis de gobernabilidad, comparable a las de décadas anteriores, es una amenaza real y presente.

La persistencia de las protestas, ahora extendiéndose desde los movimientos indígenas y campesinos hasta los sindicatos industriales, demuestra que la crisis va más allá de una sola medida (el diésel) y toca las bases de la precariedad económica y social del país. La Coalición de Organizaciones Sociales (COS) ha articulado un proyecto político unitario a través de un 'Parlamento de los Pueblos' para construir un frente común contra el gobierno. Esta unidad estratégica, que une a actores históricamente diversos, representa una amenaza sistémica para el gobierno, capaz de generar una ola de protestas nacional que puede paralizar al país. La respuesta del gobierno, basada en la represión y en compensaciones fragmentadas, parece insuficiente para neutralizar esta fuerza cohesiva.
La crisis institucional se profundiza día a día.

La confrontación directa entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que ha suspendido varias de las leyes más importantes del gobierno, ha invalidado la premisa de un Estado de derecho funcional. El gobierno de Daniel Noboa está demostrando ser incapaz de negociar o legislar dentro de los marcos constitucionales, lo que lo lleva a depender cada vez más de decretos de urgencia y de la fuerza para imponer su voluntad. Esta estrategia de "gobierno por decreto" es inherentemente frágil y provoca una reacción inversa, fortaleciendo a los movimientos sociales y a la oposición parlamentaria que critican la falta de debate y la ausencia de transparencia.

En conclusión, Ecuador se encuentra en una encrucijada. El gobierno de Noboa, atrapado entre sus compromisos con el FMI y la oposición interna, está pagando un alto precio político por sus decisiones de ajuste. Ha logrado contener la protesta en el corto plazo mediante una combinación de diálogo superficial y represión, pero ha fracasado en resolver las causas estructurales del malestar. La pérdida de la confianza pública, la fractura institucional y la movilización de actores sociales sin precedentes crean un telón de fondo de alta tensión.

Las próximas semanas y meses serán cruciales. Si el gobierno no logra revertir su trayectoria autoritaria y encontrar un camino de diálogo inclusivo, existe un riesgo significativo de que la crisis se intensifique, llevando a nuevas jornadas de protesta, mayores niveles de violencia y, potencialmente, a una crisis de gobernabilidad que podría sacudir los cimientos mismos de la democracia ecuatoriana.