República Dominicana: La ofensiva de deportaciones masivas de haitianos bajo el microscopio de los derechos humanos

La República Dominicana intensifica su política migratoria, registrando un aumento sin precedentes en las deportaciones de ciudadanos haitianos indocumentados. En los primeros cinco meses de 2025, más de 153,000 haitianos han sido expulsados del territorio dominicano, una cifra que, para el primer cuatrimestre del año, ya representaba un impactante incremento del 71% respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, esta escalada numérica no escapa a la crítica de organizaciones de derechos humanos y analistas que denuncian una política que criminaliza la pobreza y vulnera los derechos fundamentales.

Los datos oficiales, divulgados por fuentes como 'AlMomento.net' y 'El Día', muestran una progresión constante: 31,221 deportaciones en enero, 26,659 en febrero, 28,583 en marzo y 32,540 en abril, sumando 119,003 en el cuatrimestre inicial. Esta "ofensiva contra la inmigración irregular", impulsada por la Dirección General de Migración (DGM), ha adoptado métodos que encienden las alarmas a nivel internacional.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la implementación, desde el 21 de abril, de un protocolo que ha llevado a la detención y posterior deportación de más de 2,000 haitianos en hospitales de la red pública. Entre los afectados, se cuentan 186 mujeres embarazadas indocumentadas y 559 en labor de parto, detenidas en 33 centros sanitarios. Esta práctica es calificada como una flagrante violación al derecho a la salud y a la dignidad humana, especialmente de poblaciones extremadamente vulnerables.

Desde una perspectiva crítica, estas deportaciones masivas se perciben como una criminalización de la desesperación. Los miles de haitianos que cruzan la frontera huyen de una crisis humanitaria devastadora en su país de origen, marcado por la violencia incontrolable de pandillas, la inestabilidad política y la carencia de servicios básicos. La respuesta dominicana, basada en la expulsión punitiva, es vista como una medida que ignora las causas estructurales de la migración forzada y el profundo sufrimiento humano que la impulsa.

Además de la vulneración al derecho a la salud, se cuestiona seriamente el debido proceso en estas deportaciones. Organizaciones de derechos humanos denuncian que a menudo se niega el acceso a la defensa legal, impidiendo que los migrantes presenten sus casos o reclamen protección, incluso cuando puedan tener lazos familiares o necesidades de asilo. Esto refuerza la percepción de una política que prioriza la velocidad de la deportación por encima de la justicia y la legalidad internacional.
La intensificación de las deportaciones también resalta la ausencia de una solidaridad regional efectiva y una responsabilidad compartida ante la crisis haitiana. En lugar de fomentar mecanismos de cooperación humanitaria y buscar soluciones a largo plazo para la estabilización de Haití, la República Dominicana parece optar por cerrar sus fronteras, exacerbando la situación de su vecino y la de los propios migrantes.

Esta postura es vista como una negación del hecho de que la migración haitiana ha contribuido históricamente a sectores vitales de la economía dominicana, como la construcción y la agricultura, desvalorizando el aporte de quienes buscan una oportunidad lejos de la miseria.
En definitiva, mientras las autoridades dominicanas justifican estas acciones bajo el paraguas del control migratorio y la seguridad nacional, un análisis crítico subraya que las deportaciones masivas de haitianos, especialmente bajo las condiciones actuales, son un reflejo de políticas que pueden estar teñidas de xenofobia, deshumanizando a quienes son forzados a migrar y eludiendo la imperiosa necesidad de una respuesta regional y humanitaria a la profunda crisis haitiana.