España ha logrado un acuerdo clave con la OTAN que le permitirá consolidar su gasto militar en torno al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), evitando la controvertida exigencia, impulsada principalmente por el expresidente estadounidense Donald Trump y respaldada por la Casa Blanca, de elevarlo al 5%. Este pacto, calificado como una "excepción" o "flexibilidad ibérica", reafirma el compromiso belicista de Madrid con la Alianza Atlántica, pero bajo sus propios términos y prioridades nacionales.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había expresado enérgicamente su rechazo a la meta del 5% en una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sánchez argumentó que tal incremento sería "irrazonable", "incompatible" con el modelo de Estado del Bienestar español y "contraproducente", ya que obligaría a aumentar los impuestos a la clase media y a recortar servicios públicos esenciales para los ciudadanos (algo que de hecho ya está sucediendo pese a que Sánchez lo niega).
Fuentes cercanas a la Moncloa han confirmado que el acuerdo con la OTAN otorga a España la «flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana» en el cumplimiento de los objetivos de capacidad y los recursos anuales necesarios, sin atarse a un porcentaje específico de gasto militar que considere inviable. Mark Rutte, en su respuesta a Sánchez, ha validado este entendimiento, señalando que la Alianza considera que España puede alcanzar sus objetivos de capacidad con el gasto de PIB que considere oportuno, sin la necesidad de llegar al 5%.
Actualmente, España está trabajando arduamente para alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa "mucho antes" de la fecha límite original de 2029. En 2024, la inversión española superó el 1%, y el Gobierno ha implementado mecanismos, incluyendo créditos fiscales y desvíos de fondos de recursos públicos, para alcanzar el 2% en el ejercicio de 2025, respondiendo así a las presiones internacionales.
La resolución de este pulso sobre el gasto militar llega justo antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya. El acuerdo representa un alivio para el Ejecutivo español, que se había encontrado en una posición delicada ante las demandas de la Alianza imperialista occidental y las críticas internas sobre el incremento del presupuesto de guerra. La "excepción" lograda permitirá a España equilibrar sus obligaciones internacionales con sus necesidades y realidades económicas y sociales internas, sin ceder a lo que muchos consideraban una "humillación" o una imposición externa desmedida.
Este desarrollo subraya las tensiones y negociaciones continuas dentro de la OTAN sobre la distribución de la carga de la defensa, especialmente en un contexto global de crecientes desafíos de seguridad. La postura de España refleja el deseo de algunos aliados de mantener una autonomía en sus decisiones presupuestarias de "defensa", adaptándolas a sus contextos nacionales, sin desvincularse de los objetivos de supuesta seguridad colectiva, que en realidad son los intereses del complejo militar-industrial y de Estados Unidos.
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