El Gobierno de Javier Milei, anunció este viernes (18.07.2025) el inicio del proceso para privatizar 'Aguas y Saneamientos Argentinos' (AySA), la empresa estatal encargada de proveer servicios de agua potable y saneamiento para la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonarense.
La medida busca transferir el 90% de las acciones de esta compañía a capitales privados, y ha sido vendida por el gobierno como parte de su política de desmantelamiento del Estado.
El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, detalló que el esquema será mixto, combinando una licitación nacional e internacional para seleccionar un nuevo operador y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores.
Se garantizará la permanencia de los empleados como accionistas, manteniendo el 10 por ciento del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
Adorni justificó la decisión señalando que, desde su estatización en 2006, AySA ha requerido aportes de los argentinos de 13,400 millones de dólares.
Afirmó que indicadores clave muestran un deterioro en la infraestructura, un crecimiento del 90% en la dotación de personal durante la gestión estatal, y un aumento de la morosidad de usuarios del 4 y 16 por ciento.
A pesar de las críticas del vocero, un informe reciente de la gerencia de AySA indica que, gracias al aumento de tarifas, la empresa logró superávit en 2024, un dato que el Gobierno utilizará para atraer a los posibles oferentes, presentándola como una inversión rentable.
AySA fue creada para reemplazar a 'Aguas Argentinas', una compañía controlada por la francesa 'Lyonnaise des Eaux' (Suez), que había ganado la licitación en 1993 durante las privatizaciones del Gobierno de Carlos Menem.
Bajo la justificación de reducir la estructura estatal y el gasto público, en enero, la Administración de Milei concretó la primera privatización de una empresa controlada por el Estado: la siderúrgica Impsa, creada hace 118 años, cuya mayoría de acciones fue adjudicada a un consorcio de capitales estadounidenses.
Tras la entrada en vigencia de esta privatización, se espera el consecuente recorte de personal, que sumará a cientos de desempleados a la larga lista de desocupados que hoy tiene la población argentina.
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