A pocos días de las elecciones municipales del 27 de julio, el oficialismo chavista se presenta en una posición de fuerza, con un terreno electoral que parece ya delineado a su favor. No hay sorpresas significativas ni tensiones visibles dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y lo que se juega este domingo no es tanto una disputa abierta por el poder, sino más bien la confirmación de una arquitectura institucional que el chavismo ha sabido mantener bajo su influencia durante años.
El contexto reciente es revelador: en las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo, el oficialismo obtuvo 23 de las 24 gobernaciones y el control de más del 80% de la Asamblea Nacional, según datos del Consejo Nacional Electoral. Una victoria contundente, facilitada por una alta abstención cercana al 70% y por la decisión de buena parte de la oposición de no participar en esos comicios.
Ahora, con la convocatoria a elecciones municipales realizada en tiempo récord —el CNE anunció la fecha el mismo día que cerraba el registro de nuevos votantes—, el chavismo se presenta sin mayores desafíos logísticos ni políticos. Las postulaciones comenzaron apenas una semana después del anuncio, lo que limitó el tiempo disponible para la oposición y dificultó la presentación de candidaturas competitivas.
La estructura territorial del PSUV se consolida como su principal fortaleza. El partido ha mantenido una presencia activa en comunidades populares y zonas rurales, con redes organizativas que le permiten movilizar votantes incluso en contextos de apatía generalizada. Esta capacidad de movilización fue clave en los comicios anteriores y se espera que juegue un papel similar ahora.
Desde el discurso oficial, se habla de buscar "una nueva gran victoria", con miras a recuperar incluso alcaldías tradicionalmente controladas por la oposición como Chacao, Baruta o El Hatillo. Mientras tanto, figuras del oficialismo insisten en que estos procesos electorales refuerzan la estabilidad institucional del país.
Sin embargo, más allá de los discursos, la realidad muestra que el oficialismo se presenta prácticamente solo en la cancha electoral. Según análisis recientes, de las 335 alcaldías en juego, más de 200 ya están bajo control chavista, y es probable que esa proporción aumente dada la debilidad de la competencia y la desmovilización ciudadana.
La falta de competencia real no se explica solo por la abstención, sino también por una estrategia que combina ventajas institucionales, control del calendario electoral y una presencia territorial sostenida. Esta combinación ha convertido las elecciones en un proceso que tiende a legitimar el status quo más que a generar una competencia democrática efectiva.
Esto no significa que el resultado esté completamente definido, por más que lo desee adelantar el presidente de la nación. La participación ciudadana podría seguir disminuyendo, lo que afectaría la legitimidad del proceso. La maquinaria chavista, aunque efectiva, no es inmune al desgaste interno ni a la pérdida de apoyo. Pero en el corto plazo, lo más probable es una ratificación de su dominio municipal.
El 27J no representa una prueba electoral para el chavismo, sino más bien una confirmación de que, incluso con baja participación y sin una oposición fuerte, el poder puede mantenerse y ejercerse a través del sistema electoral existente.
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