El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó la colocación de tobilleras electrónicas a todos los inmigrantes que forman parte de un programa de seguimiento en el que están inscritas más de 180,000 personas, de acuerdo a un documento interno al que ha tenido acceso el diario norteamericano 'The Washington Post'.
En este sentido, medios internacionales y la agencia 'EFE' hacen referencia a un documento con fecha del 9 de junio pasado, donde se divulga la orden de colocar estos dispositivos con sistema GPS «a todo el que sea parte del proyecto Alternativas a la Detención de la agencia, al que están apuntados voluntariamente unos 183,000 inmigrantes».
Destaca la información difundida por los distintos portales digitales de medios extranjeros que el programa está diseñado para monitorear y supervisar a aquellos que no tienen que permanecer en centros de detención, pero están inmersos en procedimientos administrativos sobre su estatus.
El memorando al que accedió 'The Washington Post' contempla algunas excepciones como las mujeres embarazadas, en cuyo caso se les colocaría una muñequera electrónica. Actualmente, solo 24,000 de los participantes (el 13% del total), en este programa de seguimiento de ICE tienen colocada una tobillera electrónica.
La abogada sénior de 'Just Futures', una organización sin fines de lucro que ha investigado las tecnologías de rastreo del ICE, Laura Rivera dijo a este diario que «esta será una herramienta que ampliará el alcance del gobierno, de solo las personas que puede detener físicamente a cientos de miles más que puede vigilar».
En esta entrevista, Rivera reiteró que esta orden «está diseñada para convertir sus propias comunidades y hogares en jaulas digitales».
Por otra parte, la portavoz del ICE, Emily Covington, afirmó que la administración está utilizando tobilleras electrónicas como una herramienta de control para garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración y que «una mayor rendición de cuentas no debería sorprender». Covington añadió que el ICE aún toma decisiones caso por caso y que los policías aún tienen discreción para decidir quiénes requieren portar tecnologías de rastreo.
Tras la medida de las tobilleras, se conoció que los adolescentes migrantes que no tengan a sus padres en Estados Unidos ya no serán puestos directamente bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), sino que ahora los agentes de inmigración les preguntarán antes si quieren deportarse voluntariamente.
Según funcionarios del área de seguridad nacional, si los adolescentes responden de manera afirmativa, serán enviados de vuelta a sus países de origen. De lo contrario, serán transferidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados, una agencia del HHS.
El gobierno de Trump también instó a menores inmigrantes a abandonar inmediatamente el país pese a haber entrado legalmente. «Es hora de que salgas de Estados Unidos», señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre.
«Actualmente, acá porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho», agrega.
«Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación», agrega la carta, que amenaza a los niños con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones. «No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará», concluye la advertencia.
Revés judicial por inconstitucional
Por otro lado, un tribunal de apelaciones falló en contra de la orden ejecutiva del mandatario que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país. La decisión que da respaldo a un fallo anterior, emitido por una corte en menor instancia, tilda la acción del presidente de inconstitucional y prohíbe que se pueda implementar a nivel nacional.La demanda fue presentada por parte de cuatro estados con gobiernos demócratas como Washington, Arizona, Illinois y Oregon. Las partes demandantes argumentan que, aunque se permita en sus estados reconocer la ciudadanía por nacimiento, que otras partes no lo hagan les supone daños irreparables.
Esta es la primera vez que un tribunal de apelaciones emite un fallo sobre este caso. «El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en los Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo», escribieron los jueces del tribunal, que se inclinaron 2-1 en contra de la orden ejecutiva.
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