Tras semanas de parálisis, el CNE logró un acuerdo unánime sobre el nuevo flujo del Trep, un avance técnico que, en teoría, blindaría la transparencia electoral. El sistema descentraliza la transmisión, exige escaneo de actas con 600 dpi, validación automática con inteligencia artificial y publicación inmediata de todos los resultados —incluso los con errores—, etiquetados como "inconsistentes" hasta su verificación visual centralizada.
Este diseño, avalado por los consejeros Cossette López (Nacional), Ana Paola Hall (Liberal) y Marlon Ochoa (Libre), busca equilibrar la confianza entre partidos: el oficialismo teme manipulación humana; la oposición desconfía de la tecnología. El resultado: un sistema con tres verificaciones humanas (en la JRV, en el CNE y en correcciones autorizadas por unanimidad), trazabilidad total y bitácoras auditables.
Pero el consenso técnico no borra las grietas políticas. Ochoa, quien en mayo respaldó un Trep que excluía actas con errores, ahora impulsa su publicación inmediata. Cambios que, para analistas como Héctor Soto, revelan que el CNE no es solo un árbitro técnico, sino un campo de batalla donde los partidos disputan el poder antes de que se abran las urnas.
A esto se suma el escándalo que sacude al Partido Nacional: el diputado Nelson Márquez, subjefe de bancada, enfrenta cargos por un fraude de más de 3,084 millones de lempiras, ligado a contratos post-Mitch y laudos arbitrales falsos. La red, que incluye jueces, exprocuradores y abogados, habría operado durante 20 años, exponiendo la profundidad de la corrupción estructural.
Mientras el Ministerio Público avanza, el partido lo defiende como víctima de "persecución política", una narrativa que polariza aún más el clima previo a las elecciones.
En este contexto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) convocó a los candidatos a firmar un pacto por la honestidad. Salvador Nasralla prometió gobierno digital y fin al clientelismo; Tito Asfura habló de "hechos, no palabras"; Nelson Ávila pidió una misión de Naciones Unidas; y Mario Rivera, en un discurso radical, propuso que EE.UU. nombre al Fiscal y al Presidente del Poder Judicial.
Gabriela Castellanos, del CNA, lo resumió con fuerza: «Pondremos nombre, cifra y rostro al saqueo». Una promesa que contrasta con la impunidad histórica.
El reto no es solo contar votos, sino recuperar la confianza. El Trep puede ser técnicamente robusto, pero si los actores políticos siguen viendo las instituciones como extensiones de sus intereses, el sistema seguirá tambaleando.
Las elecciones del 2025 no se decidirán solo en las urnas, sino en la capacidad del CNE para mantener su neutralidad, del sistema judicial para actuar sin impunidad y de los ciudadanos para exigir que los pactos éticos no queden en papel mojado.
Honduras no solo elegirá presidente: elegirá si cree o no en su democracia.
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