Un tribunal estadounidense prohíbe los arrestos por inmigración basados en raza, idioma y ubicación, a pesar de los esfuerzos de Trump por revocar la prohibición

Un tribunal de apelaciones de EE.UU. ratificó la prohibición de arrestos migratorios sin causa probable en Los Ángeles, rechazando una apelación del gobierno de Donald Trump que buscaba apelar el fallo de un tribunal inferior. Esto mantiene a los agentes federales sin poder detener a personas por su apariencia, idioma o ubicación.

La orden judicial temporal se emitió después de que la ciudad de Los Ángeles, varias ciudades del sur de California y la ACLU demandaran a agencias federales. Los demandantes acusaron a los agentes de ICE y DHS de discriminación racial y de usar tácticas ilegales durante las redadas de inmigración. Según organizaciones de derechos civiles, se detenía a personas en la calle sin motivo alguno, simplemente por hablar español o por estar en lavaderos de autos, mercados de construcción y otros lugares donde los migrantes suelen congregarse.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el fallo como una "victoria para la ciudad", afirmando que protege a los residentes de "redadas brutales e ilegales". El abogado principal de la ACLU, Mohammad Tajsar, afirmó que el fallo confirma la inconstitucionalidad de las acciones de la administración Trump:

Esta decisión confirma una vez más que la invasión militarizada de Los Ángeles por parte de la administración violó la Constitución y causó daños irreparables a toda la región.
Como informó nuestro medio aliado 'The Insider', las detenciones masivas de migrantes marcaron un punto de inflexión en la escalada del conflicto entre la Casa Blanca y California. Desde principios de junio, han estallado protestas en Los Ángeles, provocadas por la dura actuación de las autoridades migratorias. Las autoridades federales intentaron reprimir las protestas con la ayuda de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina.

El presidente Trump logró el control temporal de la Guardia, a pesar de la postura del gobernador Newsom, lo que motivó la demanda estatal por separado en un tribunal federal. Las autoridades californianas acusaron al presidente de apropiarse del poder e intentar utilizar al ejército contra la población civil.