En medio de una fuerte represión policial, el olor a gas pimienta y las voces cansadas de miles de jubilados que cada miércoles se congregan frente al Congreso argentino, el gobierno de Javier Milei oficializó el 4 de agosto el veto a tres leyes aprobadas por el Parlamento: un aumento del 7.2% en las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. Con este acto, el presidente profundiza una política de austeridad que, aunque celebrada por los mercados y respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), está generando un profundo desgaste social, económico y ético en uno de los países con mayor desigualdad de América Latina.
El veto no es un hecho aislado. Es la culminación de un plan económico ortodoxo, diseñado para alcanzar el "déficit cero" a cualquier costo. Desde diciembre de 2023, cuando asumió el poder, Milei ha gobernado mediante decretos de necesidad y urgencia, evitando el debate parlamentario y erosionando el Estado de Derecho. Sin un presupuesto nacional aprobado para 2025, el Ejecutivo ha impuesto recortes brutales en sectores clave: educación, ciencia, salud, protección social y derechos humanos. El resultado es una Argentina que, a pesar de los números macroeconómicos que el gobierno exhibe como triunfos, vive una crisis humanitaria silenciosa.
El jubilado como variable de ajuste
Los jubilados son hoy el símbolo más visible del costo social del modelo. Más del 63.5% de los 7.4 millones de adultos mayores en situación de retiro cobran la jubilación mínima: 384,300 pesos (unos 285 dólares), una cifra que, según cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, está muy por debajo del umbral de pobreza —que supera el millón de pesos mensuales— cuando se consideran gastos médicos, medicamentos y transporte.El aumento del 7.2% vetado por Milei, junto con la actualización del bono de refuerzo a 110,000 pesos, hubiera significado una mejora modesta, pero vital. No era un lujo: era una herramienta de supervivencia. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal total de estas medidas ronda el 0.41% del PIB anual, una cifra manejable en cualquier economía estable. Pero para el gobierno, cualquier gasto social es visto como un obstáculo en su cruzada contra el déficit.
El argumento oficial es claro: las leyes aprobadas por el Congreso son "irresponsables" porque no especifican el origen de los fondos. Sin embargo, el mismo gobierno no dudó en aprobar, una semana antes del veto, un decreto que reduce impuestos a las exportaciones de granos y carnes —un sector concentrado y poderoso— sin cuestionar su impacto fiscal. La contradicción es evidente: el ajuste no se distribuye equitativamente. Caen los subsidios a los más vulnerables, pero se mantienen o amplían los beneficios a los sectores económicos dominantes.
La moratoria previsional y el trabajo informal: una deuda histórica
Otra de las leyes vetadas era la extensión por dos años de la moratoria previsional, que permitía a personas sin los 30 años de aportes cotizados acceder a una pensión. En un país con más del 40% de trabajo informal, esta medida era una mínima reparación histórica. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimaba que unas 220,000 personas podrían jubilarse gracias a ella. El veto no solo cierra esa puerta, sino que condena a miles de trabajadores a vivir sus últimos años sin protección social.Personas con discapacidad: invisibilizadas por el Estado
El tercer veto, a la ley de emergencia en discapacidad, revela una dimensión aún más grave: el abandono del Estado hacia uno de los sectores más vulnerables. La norma buscaba garantizar el pago de pensiones no contributivas, fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cumplir con el cupo laboral en el sector público y regularizar deudas con prestadores de salud. Organizaciones como TEActiva y Discas en Lucha denuncian que más de 70,000 pensiones han sido recortadas o suspendidas. Con una inflación acumulada cercana al 200% en los últimos dos años, una pensión de 200,000 pesos no alcanza ni para cubrir una fracción de la canasta básica.El gobierno argumenta que la ley es "asistencialista", pero ignora que, sin políticas activas de inclusión, el asistencialismo es la única red que evita la exclusión total. Además, el veto llega tras la eliminación del cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, una medida que contradice compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina.
El FMI y la complicidad en el ajuste
Detrás de este escenario, el Fondo Monetario Internacional no es un mero observador. Es un actor clave. En 2025, el FMI otorgó un nuevo préstamo de 20,000 millones de dólares al gobierno de Milei, sumado a otros 22,000 millones prometidos por el Banco Mundial y el BID. Este flujo de dólares no busca promover el desarrollo, sino sostener un programa de ajuste que, según admiten analistas del propio FMI, tiene efectos regresivos y profundiza la desigualdad. Desde 1956, Argentina ha firmado 20 acuerdos con el FMI. Ninguno ha logrado estabilizar la economía de forma sostenible. Todos han dejado como saldo recesión, desempleo y pérdida de soberanía económica. El actual programa no es una excepción. El "éxito" fiscal se mide en la caída del gasto público —que en 2024 se redujo un 25%—, pero no en el bienestar de la población. Y mientras el gobierno celebra el superávit primario, oculta el crecimiento de la deuda y los intereses que consumen cada vez más recursos del Estado.Represión, desigualdad y resistencia
Las protestas no han cesado. Cada miércoles, jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de la salud y estudiantes se movilizan. Han sido reprimidos con gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones masivas. Periodistas han sido agredidos mientras cubrían las manifestaciones. La represión no es un error del operativo policial: es una herramienta de control social frente a un descontento que crece día a día.El Congreso ahora tiene la posibilidad de insistir en las leyes vetadas, pero necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras. Dado el escenario político fragmentado, la reversión del veto no es segura. Lo que sí es seguro es que el modelo de Milei no es sostenible si no se alimenta de dólares externos. Y esos dólares, a su vez, exigen reformas laborales, privatizaciones y más ajuste social.
Argentina no necesita más austeridad. Necesita justicia económica. Necesita un Estado que proteja a sus ciudadanos, no que los criminalice por exigir derechos. El veto a las pensiones no es solo una decisión económica: es una declaración política sobre quién vale y quién no en esta Argentina.
Y, por ahora, los que más sufren son los que menos tienen.
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