Una comisión de la ONU encargada de investigar a las fuerzas gubernamentales concluyó, el jueves 14 de agosto, que los ataques fueron "generalizados y sistemáticos" y que, en algunos casos, podrían constituir "crímenes de guerra".
Según esta comisión, estas violencias «alcanzaron su punto máximo con masacres a comienzos de marzo».
En un informe, la comisión afirma haber documentado casos de «asesinatos, torturas y tratos inhumanos infligidos a los muertos, así como saqueos a gran escala e incendios de viviendas, que provocaron el desplazamiento de decenas de miles de civiles».
«Algunos de estos actos atroces fueron grabados y difundidos en redes sociales, acompañados de imágenes que muestran a civiles maltratados y humillados», añade la comisión, que responsabiliza a «miembros de las fuerzas del gobierno interino, civiles que actuaban junto a ellos o cerca de ellos, y combatientes leales al antiguo gobierno».
El informe precisa que «las exacciones registradas incluyen actos que podrían constituir crímenes de guerra», y que en varias localidades, hombres identificados como alauitas fueron separados de mujeres y niños antes de ser ejecutados.
Las autoridades sirias acusaron a hombres armados leales a Bashar al-Assad de haber provocado la violencia mediante ataques que dejaron decenas de muertos entre las fuerzas de seguridad. La comisión de la ONU también determinó que fuerzas pro-Assad estuvieron involucradas en la violencia.
Defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales afirmaron que familias enteras, incluidos niños y ancianos, fueron asesinadas, y que hombres armados preguntaban a los civiles si eran alauitas o sunitas antes de matarlos o dejarlos vivir.
La comisión señala que algunas unidades del gobierno intentaron proteger a los civiles, pero que otras cometieron ejecuciones sumarias y actos de tortura en varias aldeas y barrios de mayoría alauita, «de manera tanto generalizada como sistemática».
Estas conclusiones se basan en "más de 200 entrevistas" con víctimas y testigos, así como en el acceso sin restricciones otorgado en junio a las zonas afectadas de Latakia y Tartus, incluyendo tres fosas comunes.
«La magnitud y la brutalidad de la violencia descritas en nuestro informe son profundamente preocupantes», declaró Paulo Sergio Pinheiro, presidente de la comisión, instando a «las autoridades interinas a continuar sus esfuerzos para llevar a todos los responsables ante la justicia, sin importar su afiliación o rango».
A finales de julio, una comisión nacional de investigación designada por Damasco había anunciado haber identificado 298 sospechosos involucrados en estas exacciones, precisando que se trataba de "un número provisional".
Comentarios
Publicar un comentario