La implosión del poder: Análisis de la fractura interna del oficialismo en Bolivia

La profunda crisis política y económica que atraviesa Bolivia a fines de 2024 y principios de 2025 representa un punto de inflexión sin precedentes en su historia reciente. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido fundado por el expresidente Evo Morales, ha experimentado una fractura interna que lo ha dejado en una posición de vulnerabilidad extrema, amenazando con poner fin a dos décadas de hegemonía política. Esta implosión no es un conflicto coyuntural, sino el resultado de tensiones estructurales profundas relacionadas con la concentración del poder, las disputas de liderazgo, las diferencias ideológicas sobre el modelo económico y la creciente desilusión de la ciudadanía con los partidos políticos tradicionales. Este informe analiza de manera comparativa y crítica las causas políticas de esta división, evalúa sus impactos electorales y sociales, identifica a los actores clave que impulsan la pugna y contextualiza esta crisis dentro de un escenario de grave agotamiento del modelo estatista y una polarización que amenaza con desestabilizar el sistema democrático boliviano.

Causas políticas de la fractura: Liderazgo, modelo económico y agotamiento ideológico

La fractura del oficialismo boliviano entre las facciones "evistas" y "arcistas" es el resultado de una compleja interacción de factores que van desde la lucha por el control personal del poder hasta el agotamiento de un modelo económico y una ideología que durante años fueron capaces de movilizar masas. Las raíces de la confrontación se encuentran en la propia naturaleza del MAS, un partido cuya estructura y cultura han sido históricamente definidas por la figura dominante de Evo Morales. Desde su regreso al gobierno en 2020 tras un exilio forzado, Morales intentó mantener su influencia central, criticando públicamente a ministros, al vicepresidente David Choquehuanca y finalmente al propio presidente Arce. Sin embargo, la llegada de Luis Arce al poder marcó el inicio de una disputa por la dirección del país y del partido. La ruptura definitiva se produjo cuando Arce, enfrentando una caída en su popularidad en las encuestas, decidió no postularse a la reelección para evitar la fragmentación del voto de izquierda, una decisión que Morales interpretó como una traición y una falta de lealtad.

El núcleo de la disputa va más allá de una simple rencilla personal; se trata de una divergencia programática fundamental sobre el rumbo económico del país. Morales y sus seguidores critican al equipo económico del gobierno de Arce por seguir políticas ortodoxas, incluyendo el ajuste fiscal, la apertura a la inversión extranjera y la búsqueda de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), medidas que consideran perjudiciales para los sectores más pobres y los pequeños productores. En contraste, el gobierno de Arce defiende estas políticas como necesarias para estabilizar una economía en crisis. Esta diferencia de visión se manifiesta en debates específicos, como la inversión en la reposición de las reservas de gas versus la extracción de litio por empresas chinas y rusas, lo que evidencia una fractura sobre cómo gestionar los recursos naturales. Los analistas señalan que el modelo estatista de gestión de recursos naturales, que generó una bonanza en los primeros años del siglo XXI, ha fracasado rotundamente, provocando la disipación de las ganancias, la fuga de capitales y una dependencia creciente de la importación de combustibles. La crisis energética, donde en 2024 Bolivia importó combustibles por 3,000 millones de dólares mientras exportaba gas por 1,600 millones, es la manifestación más visible de este agotamiento.



Paralelamente, la crisis institucional y cultural dentro del MAS ha sido un factor catalizador. La burocratización del partido y la concentración del poder en torno a Morales desde 2013 generaron descontento interno, que incluso se manifestó en críticas públicas de diputados como Rebeca Delgado. Morales respondió consolidando su control a través de cambios estatutarios que lo declaraban "jefe natural" del partido y exigían una larga militancia para aspirar a la presidencia, una medida que excluía explícitamente a Arce. Esta dinámica caudillista, donde las lealtades personales prevalecen sobre las institucionales, hizo inevitable una confrontación. Finalmente, la crisis se ve amplificada por un contexto de "orfandad política", donde la población, especialmente los jóvenes y los no indígenas, muestra una profunda desconfianza hacia los partidos políticos; según la Primera Encuesta Nacional de Polarización (2022), el 73.9% de los bolivianos no cree en la importancia de estos organismos. En este vacío, la lucha entre Morales y Arce adquiere un significado simbólico mayor, representando no solo una disputa de poder, sino la batalla por el futuro mismo del movimiento popular boliviano.

Actores clave y dinámicas de poder en la disputa por el control del MAS

La fractura del oficialismo boliviano se ha materializado en una dramática lucha de poder entre actores con visiones diametralmente opuestas sobre el futuro del MAS y el país. Aunque la relación entre Evo Morales y Luis Arce fue el epicentro de la confrontación, el drama se desarrolla a través de múltiples frentes, involucrando a figuras clave tanto dentro como fuera del partido y movilizando a importantes actores sociales. Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, mantiene su influencia a través de su control sobre las bases del partido y las organizaciones campesinas y sindicales, aunque su capacidad de acción está limitada por su inhabilitación electoral y una orden de arresto. Su estrategia se basa en la movilización social, amenazando con boicotear los comicios y promoviendo el voto nulo para mantener su relevancia política.

Por su parte, Luis Arce opera desde la cúpula del Estado, utilizando la maquinaria institucional para contrarrestar a Morales. Su principal aliado estratégico es el vicepresidente David Choquehuanca, un dirigente respetado pero distanciado del líder evista. La tensión entre ellos culminó en un enfrentamiento violento en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en agosto de 2024, donde choquehuanquistas y evistas se enfrentaron físicamente, dejando más de 450 heridos y dividiendo a la organización más importante del MAS. Arce también cuenta con el respaldo del Pacto de Unidad, una coalición de cinco organizaciones sociales clave que anunciaron que desconocerán los resultados de cualquier congreso del MAS que sea liderado por Morales. Sus principales herramientas legales son el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificaron sufragios contra Morales por su inhabilitación y la anulación de la personería de su nuevo partido, EVO Pueblo.



Además de estos protagonistas principales, surgieron otras figuras y tendencias. Álvaro García Linera, el entonces vicepresidente durante el gobierno de Morales, expresó su tristeza por el "desangramiento interno" del partido y propuso reuniones para mediar, pero sus gestos fueron rechazados y él mismo calificado de "desleal". Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y pupilo de Morales, representa la facción más joven y moderada del evismo. Él mismo denunció ser tratado como un "traidor" por Morales por haber decidido postularse de forma independiente, lo que demuestra la profundidad de la fractura. Por último, el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo se posicionó como un actor clave en la línea de frente de la confrontación, manteniendo su cargo incluso tras sanciones del congreso del MAS, lo que demostró el límite de la autoridad de Morales sobre las decisiones ministeriales. La dinámica de poder se ha vuelto cada vez más fluida, con los actores intentando aprovechar la debilidad de sus rivales y construir nuevas alianzas, como la posible incorporación de dirigentes cercanos a Morales en la lista de Morena para las elecciones parlamentarias.

Impacto electoral inmediato: El riesgo de la derrota y la emergencia de nuevas fuerzas

La fractura interna del MAS tiene consecuencias electorales inmediatas y devastadoras, erosionando la base de apoyo que durante dos décadas garantizó la hegemonía del partido y abriendo una ventana de oportunidad sin precedentes para la oposición. La división ha eliminado la posibilidad de una candidatura unificada, dejando al partido con varios contendientes con muy poco respaldo popular, lo que podría resultar en un descalabro electoral y el fin de su gobierno en 2025. Las encuestas reflejan esta debilidad de manera contundente. El candidato del MAS "oficialista", Eduardo Del Castillo, quien renunció a su cartera de Ministro de Gobierno para postularse, registra apenas entre un 2% y un 5% de intención de voto, niveles insuficientes para competir seriamente. Morales, inhabilitado por el Tribunal Constitucional por razones constitucionales y con una orden de detención pendiente, sigue siendo el único candidato con una cifra electoral considerable, aunque sus apoyos son inferiores a los de los favoritos de la derecha. Andrónico Rodríguez, el tercer candidato significativo, surge como una figura de unidad para los disidentes del MAS, liderando las preferencias entre los votantes de izquierda en algunas encuestas con cifras que oscilan entre un 10% y un 18%, aunque otros datos sugieren cifras más bajas.

Esta escisión crea un panorama electoral extremadamente competitivo. Analistas y encuestadoras coinciden en que es altamente probable que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta (más del 50%) en la primera vuelta del 17 de agosto de 2025. Esto llevaría a una segunda vuelta, probablemente el 19 de octubre de 2025, entre los dos aspirantes más votados. Sin embargo, los candidatos favoritos son los de la derecha y centro-derecha. Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga aparecen en empate técnico en las encuestas, con cifras que sitúan a cada uno en un rango de 20% a 21.2% de intención de voto. Esta situación convierte la segunda vuelta en un escenario casi seguro, donde la oposición, históricamente dividida, podría finalmente tener una oportunidad de ganar. La estrategia del MAS, por tanto, no es tanto ganar la primera vuelta como sobrevivir para llegar a una segunda oportunidad, una tarea titánica dadas las cifras electorales.



El impacto de la crisis del MAS se amplifica con la debilidad y la fragmentación de la oposición. Aunque históricamente ha sido una fuerza débil y fragmentada, las divisiones internas del MAS le han quitado su principal excusa para no unificar. La coalición opositora original, que incluía a figuras como Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, se desintegró, dejando a la derecha sin un candidato único. Sin embargo, la crisis del adversario les beneficia enormemente. Las propuestas de la derecha, centradas en soluciones económicas como la eliminación de subsidios al combustible y la solicitud de un préstamo del FMI para estabilizar la economía, ahora parecen más pragmáticas y necesarias en un contexto de colapso económico. De hecho, la oposición ya ha comenzado a proponer medidas que antes eran tabú para el gobierno de Morales, como acudir al FMI, lo que demuestra una adaptación táctica a la nueva realidad política. La única candidata mujer, Mónica Eva Copa, tuvo que retirarse 21 días antes de las elecciones tras denunciar acoso político, lo que reduce aún más la diversidad de opciones para el electorado. En resumen, la implosión del MAS ha creado un campo electoral abierto, pero la probabilidad de que la victoria final recaiga en la oposición es alta, lo que marca un cambio de paradigma en la política boliviana.

La crisis económica como factor catalizador de la división y la desafección ciudadana

La profunda crisis económica que atraviesa Bolivia es mucho más que un factor secundario en la fractura del oficialismo; es el telón de fondo que ha puesto a prueba la legitimidad del modelo político y económico del MAS, exacerbando las tensiones existentes y alimentando una desafección ciudadana generalizada que beneficia a todos los actores políticos, incluida la oposición. La economía boliviana se encuentra en su peor crisis en décadas, caracterizada por niveles récord de inflación, una drástica caída de las reservas internacionales, una severa crisis energética y una escasez crónica de bienes básicos. La inflación interanual alcanzó cifras alarmantes, superando el 25% en julio de 2025 y situándose en el 16.9% entre enero y julio de ese año. El valor del dólar paralelo se disparó a 14 bolivianos, mientras que el oficial se mantenía en 7, creando una brecha económica insostenible. Esta situación ha provocado la reaparición de colas en las gasolineras y en los supermercados, afectando directamente el día a día de los ciudadanos.

El origen de esta crisis se remonta a la propia naturaleza del modelo estatista implementado por el MAS. Durante la bonanza de los precios del gas en la primera mitad de la década de 2000, el gobierno nacionalizó los recursos y generó un superávit significativo. Sin embargo, en lugar de invertir adecuadamente en la industrialización y la modernización de la infraestructura, gran parte de esos fondos se consumieron en un gasto público expansivo e ineficiente, mientras que los ingresos por exportación de hidrocarburos comenzaron a decaer debido a la baja producción y la falta de exploración. El resultado es una economía vulnerable: en 2024, Bolivia importó combustibles por 3,000 millones de dólares mientras exportaba gas por 1,600 millones, una balanza comercial negativa que ha obligado al gobierno a recurrir a la deuda externa y a la importación de bienes esenciales. La volatilización de las reservas del Banco Central en febrero de 2023, junto con la caída de la producción de gas a niveles mínimos, selló el destino de un modelo que había agotado su potencial creativo.



Esta debacle económica es el caldo de cultivo perfecto para la fractura interna. Morales y sus seguidores utilizan la crisis para atacar a Arce, acusándolo de una "gestión desastrosa" y de traicionar los principios del proceso de cambio. Por su parte, Arce culpa a Morales y a la "derecha interna" por obstaculizar las reformas necesarias para estabilizar la economía. La crisis también ha generado un profundo descontento popular que trasciende la división entre evistas y arcistas. Cerca del 88% de la población califica la situación económica como "mala", "muy mala" o "regular". Este malestar se canaliza a través de bloqueos viales y protestas sociales, a menudo liderados por los mismos sectores campesinos y mineros que históricamente apoyaron al MAS, pero que ahora están frustrados por la escasez de combustible y alimentos. El análisis de expertos como Carlos Saavedra y Tiziano Breda subraya que el riesgo de violencia es alto, ya que la frustración económica puede generar nuevas movilizaciones sociales si el próximo gobierno no logra cumplir con las expectativas de mejoría económica. La crisis, por lo tanto, no solo ha debilitado al gobierno, sino que ha erosionado la base social del partido, creando un vacío político que cualquier actor capaz de ofrecer una alternativa clara podría llenar.

Estrategias de lucha: Movilización social, propaganda política y uso de la institucionalidad

Ante la imposibilidad de resolver su disputa a través de las urnas, tanto Evo Morales como Luis Arce han optado por una guerra de posiciones multifacética, utilizando una combinación de movilización social, propaganda política y el uso estratégico de las instituciones del Estado para debilitar al adversario y ganar la batalla simbólica por la hegemonía del MAS. La lucha se libra en múltiples frentes: desde la calle y las redes sociales hasta los tribunales y los congresos partidarios. Morales, privado de su candidatura por mandato judicial, ha transformado su campaña en una cruzada simbólica. Su estrategia principal es el llamado al voto nulo, una táctica diseñada para invalidar el resultado electoral y afirmar que el pueblo, a través de su abstención o rechazo, sigue siendo su legítimo portavoz. Argumenta que si el voto nulo alcanza el 25% de los sufragios válidos, habrá sido él quien "gane las elecciones", una forma de mantener su figura en el centro de la escena política y de ejercer presión sobre cualquier eventual gobierno de centroderecha. Además, convoca a sus seguidores a realizar protestas masivas, amenzando con boicotear los comicios en su bastión cocalero del Chapare y exigiendo su candidatura. Sus partidarios han utilizado la movilización para intentar imponer su voluntad, como ocurrió en junio de 2024 con graves bloqueos de carreteras que dejaron 4 policías y 4 civiles muertos.

En respuesta, el gobierno de Arce ha utilizado la maquinaria del Estado para contrarrestar la presión de Morales. Ha recurrido a la seguridad pública para neutralizar las protestas, como lo demuestra la militarización de la provisión de combustibles y la declaración del ministro del Interior, Roberto Ríos, de que las marchas evistas son un intento de "tumbar el Gobierno". Arce también ha utilizado su poder institucional para debilitar a Morales a nivel partidario. El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo de los estatutos del MAS que lo nombraba "jefe natural" fue un golpe significativo a su autoridad simbólica sobre el partido. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuó rápidamente para anular la personería jurídica del Partido Pan-Bol, el vehículo político que Morales intentó usar para postularse, asegurando así su inhabilitación legal. El gobierno también ha lanzado una intensa campaña de propaganda política, calificando las acciones de Morales como un intento de "golpe de Estado" y describiendo a Andrónico Rodríguez como un "peón del imperio" y un "traidor".



La lucha también se ha librado en el interior del partido. El Décimo Congreso Ordinario del MAS, celebrado en Cochabamba, fue el epicentro de la confrontación. Allí, Morales logró ratificar su candidatura y expulsar a Arce, Choquehuanca y varios funcionarios, pero el evento terminó en un enfrentamiento violento entre delegados evistas y arcistas, dejando más de 450 heridos y demostrando la incapacidad del partido para contener la fricción. Morales respondió a la expulsión con una sentencia de prisión domiciliaria en su casa en el Chapare para evitar su detención, rodeado de sus seguidores. La escalada de violencia no se limitó al ámbito político. Un incidente en Cochabamba en octubre de 2024, donde un vehículo de Morales disparó contra agentes policiales en un control antidrogas, fue calificado por Del Castillo como un "intentó de magnicidio fingido", mientras que Morales denunció un plan para ensuciarlo y extraditarlo a Estados Unidos. Estos episodios muestran una dinámica de confrontación donde la legitimidad se disputa no solo a través de la razón política, sino también a través de la fuerza y el control simbólico de las instituciones y la narrativa mediática.

Proyecciones y escenarios futuros: Hacia un cambio de hegemonía en Bolivia

La profunda fractura del Movimiento al Socialismo y la crisis económica que lo azota auguran un cambio significativo en el panorama político de Bolivia, aunque el resultado exacto de las elecciones de 2025 sigue siendo incierto. Los analistas coinciden en que la hegemonía del MAS, que duró casi dos décadas, está en una fase terminal, pero el debate reside en cuál será el perfil del nuevo gobierno y qué implicaciones tendrá para el futuro del país. Existen varios escenarios futuros, cada uno con diferentes probabilidades y consecuencias.

El escenario más probable, avalado por las encuestas y el estado actual de la política boliviana, es una derrota electoral del MAS en la primera vuelta del 17 de agosto de 2025. Con tres candidatos de izquierda compitiendo entre sí —Andrónico Rodríguez, Eduardo Del Castillo y la eventual candidatura de Morales—, es difícil que cualquiera de ellos supere el umbral del 40% necesario para evitar una segunda vuelta, según las estimaciones de analistas como Álvaro García Linera. Esto llevaría a un balotaje entre los dos aspirantes más votados, que casi con certeza serían los candidatos de la derecha, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Si bien esto representaría una victoria electoral para la oposición, el nuevo gobierno sería intrínsecamente vulnerable. Tanto Doria Medina como Quiroga proponen soluciones de ajuste fiscal y recurrir al FMI, medidas que podrían ser impopulares y generar nuevas crisis sociales si no se logra una mejora económica rápida. El analista Quya Reyna advierte que si el próximo gobierno no cumple con las expectativas, podría generar una nueva frustración y violencia social, perpetuando un ciclo de inestabilidad.

Un segundo escenario, aunque menos probable, es que uno de los candidatos del MAS logre una victoria sorpresiva en la primera vuelta. Esto requeriría una unificación de votos que, dadas las hostilidades existentes, parece difícil de lograr. Si esto ocurriera, significaría que el partido, a pesar de su fractura, todavía conserva una base de apoyo considerable. Sin embargo, un gobierno del MAS dividido tendría un mandato muy débil y enfrentaría la misma crisis económica y social irresuelta, lo que podría conducir a una rápida pérdida de poder o a un endurecimiento autoritario para mantenerse en el gobierno.

El tercer escenario, y tal vez el más transformador, es la emergencia de Andrónico Rodríguez como una nueva fuerza política hegemónica. Rodríguez, el senador cocalero que se postula de forma independiente, representa un intento de romper con el ciclo de la vieja guardia evista y arcista. Su discurso conciliador y su propuesta de evitar un "Estado paternalista" buscan atraer a los votantes indecisos, a los jóvenes y a aquellos que están cansados de la confrontación. Si logra posicionarse como la única alternativa viable de la izquierda, podría absorber a muchos de los votantes evistas y arcistas, convirtiéndose en el nuevo líder del movimiento popular boliviano. Esto no significaría necesariamente la victoria en las elecciones, pero sí un cambio estructural en el mapa político, donde el MAS original sería reemplazado por un nuevo actor de centro-izquierda. La renuncia de Arce a la candidatura fue una jugada para facilitar esta unificación, y su llamado implícito a apoyar al "mejor posicionado" se interpreta como un respaldo a Rodríguez. En última instancia, la crisis del MAS es una oportunidad para una reconfiguración del sistema político boliviano, pero el resultado dependerá de quién sea capaz de capitalizar el descontento y ofrecer una visión clara y convincente para salir de la crisis.