La desregulación total de los alquileres con la derogación del marco legislativo incluido en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/23, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, precariza la situación de la vivienda para cientos de miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires, que han visto un aumento sustancial de los alquileres en todo el país.
Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el precio de los alquileres durante agosto se ajustó un promedio de 4.2 por ciento, y en la comparación interanual, el valor de un departamento de dos ambientes registró un alza del 50 por ciento, cuando la variación general de los precios según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) fue del 36.6 por ciento.
Estos datos reflejan que sin ley de alquileres que regule la cuestión, los precios de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires aumentan mucho más que la inflación general, lo cual genera serias desproporciones en beneficio de la industria mobiliario. Medios locales señalan que la renta de un monoambiente absorbe casi el total de una jubilación mínima; o en el caso de un departamento de dos ambientes, su locación le lleva más de la mitad de un sueldo docente, sin contar otros gastos y expensas.
En agosto, el CESO detectó una subida promedio del 4.2% en el precio de los alquileres en la capital. De esta manera, un monoambiente pasó a costar alrededor de 500,000 pesos por mes; los departamentos de dos ambientes quedaron en un promedio de 600,000 pesos por mes y los de tres ambientes, en 800,000 pesos.
De está manera, el incremento en los precios interanuales con respecto a los valores de estas unidades corren mucho más rápido que la pretendida inflación general que mide el Indec, que no contempla entre sus preguntas el valor de los alquileres. El poder adquisitivo de la población, con empleos cada vez más precarios, termina siendo el principal escollo para acceder a un alquiler de calidad.
Según los datos analizados por el CESO, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en agosto fue de 322,000 pesos, permite cubrir apenas el 64.4% de un alquiler, cuando un mes atrás se podía cubrir el 66% del precio mensual para una vivienda de dos ambientes. En diciembre del año pasado, con el SMVM se cubría casi el 70% del valor de un alquiler. La pérdida del poder adquisitivo de las familias es sensible.
El informe del organismo señala que los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un espacio básico, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad. «Si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primer -y en muchos casos- la mayor barrera de ingreso».
La ley de alquileres se había sancionado en el medio de la pandemia (2020); entre sus disposiciones más relevantes, extendía la duración mínima de un contrato a tres años, limitaba las actualizaciones a una por año y creaba un indicar estandarizado para calcular las variaciones.
Esta legislación generó una fuerte resistencia por parte del sector inmobiliario, especialmente de los propietarios y agentes intermediarios, quienes consideraban que las medidas favorecían a los inquilinos y limitaban la rentabilidad de las inversiones.
La administración de Milei continúa implementando medidas de ajuste que generan una creciente preocupación entre los ciudadanos por el impacto en su calidad de vida y el poder adquisitivo. La emergencia energética prorrogada y la eliminación progresiva de subsidios se perfilan como pilares de una política económica con claras consecuencias sociales.
De acuerdo al reciente informe de la consultora brasileña Altas Intel, el 91.3% de los argentinos aseguró que los ingresos no se mantienen al ritmo de la inflación e identifican a las tarifas de gas y luz y los alimentos como los rubros de mayor incremento del actual Gobierno.
La encuesta arroja una desaprobación de Milei como presidente del 48.9 por ciento, y el rechazo alcanza el 51 por ciento cuando se mide la imagen personal del jefe de Estado.
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