Pistoletazo de salida a la campaña electoral en Honduras, de cara a los comicios del 30 de noviembre

Honduras ya se encuentra en modo electoral.
De los diez millones de habitantes del país, más de seis millones podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, en las que elegirán a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Los candidatos presidenciales con mayores opciones de triunfo son Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación- que se define de izquierda-; Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, los dos últimos conservadores.
Los dos restantes son Nélson Ávila, de Innovación y Unidad-Socialdemócrata, y Mario Rivera, del Demócrata Cristiano.
Aunque la campaña oficial de propaganda inició el lunes 1 de septiembre, los tres candidatos mayoritarios se han venido promoviendo desde las elecciones primarias e internas que se celebraron el pasado 9 de marzo.

El proceso democrático, que incluye los comicios primarios e internos, y los generales, tiene un costo de 4,000 millones de lempiras -alrededor de 152 millones de dólares- que son pagados con los impuestos de los hondureños, de los que más del 60% son pobres.
Hasta ahora, los ciudadanos del país han visto y escuchado más insultos y descalificaciones que propuestas o planes de gobierno por parte de los principales candidatos a la Presidencia. Diversos sectores han pedido a los aspirantes que cesen las campañas de odio en las que se han enfrascado.
El analista y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, señaló a la agencia de noticias 'EFE' que «los candidatos responsables, en vez de estar insultándose, descalificándose, o descalificando el propio proceso electoral, deberían estar haciendo todo lo contrario, enviando mensajes de confianza».

Mejía argumenta que de «acuerdo con el sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric, rectorado por jesuitas), ocho de cada diez hondureños, a pesar de todo el contexto de la polarización, va a ir a votar».
«Eso me parece a mí que es admirable de la población hondureña, que siga creyendo en un proceso electoral que no ha resuelto los problemas cotidianos de la gente», después de que el país retornó al orden constitucional hace 45 años, subrayó Mejía.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, se sumó el 1 de septiembre a las voces que piden una campaña de altura con un llamado «a los políticos, a que obren de buena fe, sean sinceros y presenten propuestas para un mejor país».
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, aseguró a la prensa que los candidatos deben «enfocarse en problemas de educación, salud e inversión, buscando soluciones concretas en estos sectores».
Las Iglesias católica y evangélica también han abogado por una campaña electoral limpia y transparente y que la población salga a votar el 30 de noviembre.

Durante una misa, el pasado domingo 31 de agosto, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez remarcó que «ojalá que a lo largo de la campaña estos candidatos que aspiran a la Presidencia rechacen el odio, el insulto, y se dediquen a hacer el bien. Esos mensajes de odio acarrean rechazo, la campaña debe ser positiva».

Conflicto interno en el Consejo Electoral

El proceso de las elecciones se ha visto alterado y en riesgo por marcadas diferencias entre los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pasado 10 de julio, la presidenta consejera del CNE, Cossette López, advirtió que las elecciones generales estaban en "grave riesgo" y que el país no podía permitir que la voluntad popular «sea silenciada por la intimidación y el caos».
Al CNE lo integran tres consejeros que representan a los tres partidos mayoritarios, lo que deriva en algunas ocasiones en agrias confrontaciones y falta de unanimidad en sus resoluciones.

Una de las consejeras, Ana Paola Hall, llegó al extremo en julio de poner a disposición su cargo, de manera condicionada, incluso la renuncia ante el Parlamento, y denunció supuestas amenazas de muerte a ella y su familia. Al final, el Legislativo no conoció su caso y retomó sus actividades en el ente electoral.