Una jueza federal de Estados Unidos declaró el miércoles (03.09.2025) como ilegal la congelación de más de 2,000 millones de dólares en fondos federales a la Universidad de Harvard que ordenó el Gobierno de Donald Trump, siendo una victoria para la institución.
La jueza del tribunal federal de Boston, Allison D. Burroughs, emitió un dictamen que obliga al Gobierno a revertir la medida, la cual fue tomada por supuesto antisemitismo y que afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica.
«El tribunal anula y deja sin efecto las órdenes de congelación y las cartas de rescisión por violar la Primera Enmienda» de la Constitución, declaró Burroughs en referencia a las medidas emitidas a partir del pasado 14 de abril. Sin embargo, se prevé que la Casa Blanca haga una apelación.
En un fallo de 84 páginas, citado por medios internacionales, la magistrada indicó que es necesaria la lucha contra el antisemitismo, pero también se debe respetar el derecho a la libre expresión.
Además, llamó a otros jueces a que velen para que «no se someta inapropiadamente a investigaciones importantes a cancelaciones de fondos arbitrarias y procesalmente débiles, incluso si se arriesgan a (desatar) la ira de un Gobierno comprometido con su agenda a cualquier coste».
En su dictamen, Burroughs acotó que la universidad debió haber hecho más contra el antisemitismo, pero consideró que este tema no era el "verdadero objetivo" del Gobierno y agregó que las pruebas vistas sugieren que Trump «utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país».
Desde que retornó a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una ofensiva contra varias universidades luego de las protestas estudiantiles para exigir el cese del genocidio israelí contra el pueblo palestino.
En el caso de Harvard, con sede en Cambridge, Massachusetts, la administración Trump acusó a la universidad de servir como espacio para el antisemitismo, ideologías progresistas y prejuicios raciales. También le exigió supervisar sus admisiones, contratación y la ideología de los estudiantes y el personal. Las acusaciones e imposiciones fueron rechazadas por la casa de estudios.
En represalia, el Gobierno le retiró más de 2,200 millones de dólares en subvenciones federales, entre ellas las destinadas al sector salud, y revocó su certificación en el sistema Sevis, por el cual se autoriza a extranjeros a estudiar en el país. Ante esto, Harvard interpuso una demanda argumentando el impacto del recorte en sus programas de investigación.
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