El Estado de Oregón presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, para evitar el despliegue de la Guardia Nacional.
A través de un documento judicial presentado en una corte federal, la gobernadora Tina Kotek y el alcalde de Portland, Keith Wilson, responsabilizaron al Jefe de la Casa Blanca de abuso del poder ejecutivo de manera inconstitucional.
El recurso judicial señala que, lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias amenazan con socavarla al incitar la indignación pública.
Las autoridades locales cuestionaron la decisión y aseguraron que no existe una situación de insurrección ni amenaza a la seguridad nacional que justifique la presencia de militares.
Pese al rechazo, cientos de miembros de la Guardia Nacional de Oregón ya fueron convocados para desempeñar funciones federales, puntualizó el fiscal general del estado, Dan Rayfield, desde las redes sociales.
«Las comunidades de Oregón son estables y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal», agregó el funcionario.
Organizaciones sociales de EE.UU. como 'The Peoples Forum' han denunciado la persecución a los migrantes.
«Nos mantenemos unidos en la lucha por los derechos de los inmigrantes y contra las brutales deportaciones que están destrozando familias y criminalizando a nuestras comunidades. ¡Es hora de luchar! Estamos construyendo un movimiento masivo para detener a ICE y defender a nuestras comunidades», anunció la plataforma de resistencia.
Trump anunció el sábado 27 de septiembre su intención de movilizar militares a Portland, la ciudad más poblada del estado norteño de Oregón. De producirse, se convertiría en el cuarto despliegue de las tropas que ordena el mandatario, después de Los Ángeles (California), Washington D.C. y Memphis (Tennessee), demarcaciones bajo administración demócrata.
Donald Trump autorizó el uso de la fuerza contra la población civil estadounidense «si es necesario» para enfrentar las protestas contra sus políticas migratorias frente a unidades de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los manifestantes denuncian el hostigamiento y la precariedad en dichos centros.
El mandatario justificó la decisión para «proteger» las instalaciones de ICE, que según dijo se encuentran «bajo asedio de ataques» del movimiento antifacista y antirracista Antifa, que el magnate republicano califica de "terroristas internos".
Los habitantes de la ciudad cuestionaron la supuesta emergencia y tildaron de ridícula la decisión del inquilino del Despacho Oval. Antes, el 15 de septiembre, Donald Trump envió una directiva para activar la Guardia Nacional a Memphis, tras ordenar un despliegue militar en Chicago.
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