El proyecto de ley, que aún no se ha aprobado en su tercera y última lectura, exigiría que las organizaciones que reciban financiación extranjera sean etiquetadas como "agentes extranjeros".
La ley imita la legislación rusa promovida por el gobierno de extrema derecha ultranacionalista de Putin y que es utilizada para reprimir a los críticos del régimen del Kremlin, lo que le valió el apodo de "ley rusa" por parte de sus oponentes.
Los manifestantes llegaron a la Plaza de Europa y dijeron que pasarían la noche del 12 al 13 de Mayo en el edificio del parlamento georgiano, informó Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).
Se espera que los legisladores discutan el proyecto de ley en su tercera lectura entre el 13 y 14 de Mayo. El Parlamento, dominado por el partido gobernante Sueño Georgiano, ya aprobó el proyecto de ley en las dos lecturas anteriores.
La nueva ola de protestas se produjo poco después de que el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, dijera que el gobierno seguiría adelante con el proyecto de ley a pesar de la oposición.
La ley propuesta generó fuertes críticas tanto de la oposición interna como de grupos de la sociedad civil y del extranjero.
"Estamos profundamente alarmados por el retroceso democrático en Georgia", dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan .
"Los parlamentarios georgianos se enfrentan a una elección crítica: apoyar las aspiraciones euroatlánticas del pueblo georgiano o aprobar una ley de agentes extranjeros al estilo del Kremlin que va en contra de los valores democráticos" añadió.
La UE también condenó el proyecto de ley y algunos miembros del Parlamento Europeo pidieron la suspensión del estatus de candidato de Georgia a la UE.
Georgia, un pequeño país del Cáucaso, se ha visto afectada por protestas antigubernamentales desde principios de Abril después de que el partido gobernante Sueño Georgiano reintrodujera un proyecto de ley visto como un obstáculo para las aspiraciones de Tiflis de unirse a la UE. Y con razón, este texto se inspira en gran medida en la legislación rusa utilizada durante varios años por el Kremlin para reprimir las voces disidentes, en especial a partidos de izquierdas y dirigentes políticos mínimamente alineados con los valores democráticos y progresistas.
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