Lituania ha solicitado formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen del líder ultraderechista bielorruso Alexander Lukashenko.
Este llamamiento se centra en los delitos cometidos principalmente desde mayo de 2020, cuando el régimen de Lukashenko empezó a atacar cada vez más a los civiles mediante deportaciones y a perseguir a opositores políticos (mayoritariamente de izquierdas).
El Ministerio de Justicia de Lituania afirma que estas acciones representan un ataque sistemático a la disidencia en Bielorrusia, en consonancia con la política estatal.
«La petición de justicia que emana de las propias víctimas no debe quedar sin respuesta», afirmó Aarif Abraham, abogado del Gobierno lituano ante la CPI.
Una acusación específica es la reubicación forzosa de miles de ciudadanos bielorrusos a países vecinos, incluida Lituania.
A pesar de que Bielorrusia no es parte del Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción debido a los crímenes cometidos en los territorios de las naciones participantes.
Lituania, que anteriormente logró presentar cargos contra el presidente ruso Vladimir Putin, ahora busca una orden de arresto contra Lukashenko.
Los disturbios en Bielorrusia comenzaron en 2020 después de unas elecciones presidenciales controvertidas, con protestas generalizadas y sanciones internacionales tras la controvertida reelección de Lukashenko.
Cuando un aumento de apoyo hizo evidente que la candidata de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya se encaminaba hacia la victoria, Lukashenko falsificó los resultados y se adjudicó más del 80% de los votos.
Más de 1,000 presos políticos han sido condenados a más de una década de prisión, y otros 1,500 han sido encarcelados por protestar contra la guerra en Ucrania, incluso saboteando ferrocarriles para obstaculizar al ejército ruso.
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