Son al menos 140 según la justicia brasileña, y hasta 600 según los colectivos que defienden sus intereses. Todos tienen en común haber participado en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Ese día, partidarios del presidente fascista Jair Bolsonaro, que rechazaban la victoria del progresista Lula en las elecciones presidenciales, invadieron y vandalizaron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en un fallido intento de golpe de Estado instigado por el expresidente brasileño.
Procesados y, en algunos casos, condenados por la justicia brasileña por su participación en un intento de golpe de Estado, huyeron a Argentina tras la llegada al poder de Javier Milei en diciembre de 2023.
En un mensaje difundido durante una conferencia de la organización neofascista CPAC, un importante encuentro conservador celebrado en Buenos Aires a principios de diciembre, Jair Bolsonaro agradeció al presidente argentino por haber acogido a sus partidarios en su país.
«Hay muchos refugiados en Argentina, y agradezco de corazón a Javier Milei por haber recibido en su país a estas personas, estos padres y madres de familia. Su dolor es muy grande. Esta generosidad y esta acogida hacia estas personas perseguidas políticamente, estos refugiados, nosotros, los brasileños honestos, no la olvidaremos. Sigan así, pueden contar con nuestro apoyo», subrayó.
A mediados de noviembre, la justicia argentina emitió órdenes de captura contra 61 ciudadanos brasileños que enfrentan solicitudes de extradición por parte de la justicia brasileña. Todos ellos han recibido condenas definitivas a penas de prisión firme, y cuatro ya han sido detenidos por las autoridades argentinas.
Sin embargo, su destino aún no está decidido, ya que la mayoría de estos fugitivos ha solicitado asilo político en Argentina. Según Claudio Luis Caivano, el abogado brasileño de varios de ellos, sus clientes participaron en una manifestación y no en un intento de golpe de Estado. «Estamos ante una persecución política. Es claro que en nuestro país [Brasil] el Tribunal Supremo se ha tornado en un tribunal del pueblo solamente para juzga y perseguir opositores políticos», dice Caivano.
Estos partidarios de Bolsonaro esperan eludir a la justicia de su país gracias a las afinidades ultraderechistas entre Javier Milei y Jair Bolsonaro. Si bien las órdenes de captura y las detenciones dependen del ámbito judicial, la extradición en sí misma es una decisión política: el gobierno tiene la facultad de aceptarla o de conceder el estatus de refugiado a las personas implicadas.
A finales de octubre, un decreto presidencial restringió las condiciones para obtener asilo en Argentina, pero Claudio Luis Caivano afirma que sus clientes y los otros brasileños que están en la mira de la justicia no se ven afectados. El abogado, que se reunió a comienzos de diciembre en Buenos Aires con los diputados del partido de Milei, se muestra confiado.
«Ninguno de ellos será extraditado porque la última palabra es del Ejecutivo, o sea, de Milei. Me parece que él y todo su gobierno entendió que hoy en Brasil ya no hay democracia, no hay Estado de derecho. Por tanto, nosotros depositamos toda nuestra confianza en Milei para encontrar una solución rápidamente», concluye.
• Fuente: RFI. Contiene ediciones.
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