Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este jueves (24.04.2025) la retención de fondos federales a las llamadas "ciudades santuario" por parte del Gobierno de Donald Trump, luego de que estas localidades se negaran a cooperar con el plan de arrestos y deportaciones masivas de la Administración fascista republicana.
El juez de distrito William Orrick favoreció en su dictamen a 16 ciudades y condados de todo el país, encabezados por San Francisco (California), que demandaron al Gobierno de Trump en febrero. La demanda argumentaba que Trump estaba incurriendo en una ilegalidad al tratar de obligar a funcionarios locales a cooperar su política migratoria.
Jurisdicciones como Minneapolis, New Haven, Portland, St. Paul, Santa Fe y Seattle han dicho que la Administración busca castigarlas por ejercer su derecho a limitar el uso de sus recursos para la aplicación de la ley federal de inmigración.
La demanda de las ciudades y condados retó una orden ejecutiva firmada por Trump que amenazaba con recortar la financiación federal a las llamadas jurisdicciones "santuario" que limitan su cooperación o se niegan a cooperar con las autoridades migratorias federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Las localidades presentaron su demanda un día después de que el Departamento de Justicia demandara al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago, solicitando una orden judicial que bloqueara las leyes "santuario" adoptadas por líderes demócratas, que interferían con la agenda de Trump.
Las leyes "santuario" impiden que las fuerzas del orden estatales y locales asistan a los agentes federales de inmigración.
El Departamento de Justicia también ha presentado una demanda contra una ley de Nueva York que prohíbe al estado de mayoría demócrata compartir información personal de personas con las autoridades federales de inmigración.
El dictamen del juez Orrick es familiar, pues en 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, una corte también declaró inconstitucionales sus intentos de castigar a las ciudades que no cooperasen con su agenda migratoria.
Según la orden del juez, a los demandados se les prohíbe «tomar directa o indirectamente cualquier acción para retener, congelar o condicionar los fondos federales» a las ciudades y condados en cuestión.
El Gobierno de Trump, añadió, debía proporcionar una notificación por escrito del dictamen de este jueves a todos los departamentos y agencias federales antes del lunes.
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