Por distintas razones, Panamá, un país de apenas 4,459,000 habitantes, se ha mantenido en los titulares desde comienzos de este 2025, primero con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vociferando que pretendía "recuperar" el canal transoceánico que cruza por esa nación.
En esa línea envió a dos de sus más altos representantes, su secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, en abril, quienes se reunieron con el jefe de Estado, José Raúl Mulino, en lo que se consideraron como intentos de presión que permitieron la llegada de más personal militar estadounidense a ese país, mediante la firma de un acuerdo con este último funcionario.
Esto último llevó a calentar las calles panameñas, con cientos de sus pobladores saliendo a pronunciarse en contra de la injerencia estadounidense en una nación que, además de su presencia en la zona del canal, padeció directamente la invasión que se efectuó entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, con la excusa de secuestrar a su antiguo aliado, Manuel Noriega, y también "proteger a sus ciudadanos".
Estados Unidos había eliminado sus bases militares en Panamá a finales de los 90, por lo cual el nuevo convenio firmado entre Hegseth y Mulino desató la indignación.
De esa manera, según declaró a la agencia 'AFP' un estudiante universitario que se hallaba manifestando, el mandatario estaba permitiendo que "todo se fuera al carajo".
El expresidente Martín Torrijos, entre otras figuras panameñas con relevancia política, cuestionó el acuerdo apuntando que "viola la neutralidad", entre tanto se multiplican las denuncias de que compromete la soberanía del país.
A esto se han sumado las movilizaciones que han venido realizándose con mucha intensidad desde hace más de un mes y que llevaron a la declaración de una huelga indefinida desde el 23 de abril por parte de distintos sindicatos, encabezados por el muy poderoso de la construcción, el de la industria bananera, gremios docentes y de la salud, comunidades indígenas y organizaciones sociales, que han protagonizado incluso bloqueos de las principales vías paralizando buena parte de la nación.
La raíz, además de la ya mencionada defensa de la soberanía, es la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, impulsada por el presidente Mulino.
Según el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, este instrumento legal solo beneficia los intereses privados, debilita el sistema solidario de la Caja y no aporta garantías para una solución sostenible del sistema de fondo de pensiones.
Otros elementos que se agregan al rechazo a las políticas del Gobierno del mandatario de derecha son la reactivación de proyectos mineros como Cobre Panamá y la construcción de embalses en el río Indio, también rechazados masivamente por los panameños.
Hasta el 14 de este mes se habían registrado 480 bloqueos de vías, sobre todo en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro.
Las detenciones también han sido masivas desde el inicio de las manifestaciones. Se estiman que superan las 200, según medios y dirigentes locales.
Las marchas son casi a diario, con los reclamos contra el presidente, en los que se sostienen críticas como las del dirigente gremial de los docentes Luis Sánchez:
«Señor presidente Mulino: deje de ser tan arrogante», expresó el jueves 15 de mayo Sánchez, citado por la 'Agencia EFE', luego de una manifestación dispersada por la policía en Veraguas.
«Esa forma de gobernar no es la que un presidente debe de hacer; debemos de tener empatía, ver lo que está pasando en el país, escuchar al pueblo […] sino [utilizar] el gas. Hoy gas, toda la semana gas [acrimógeno]», remarcó el líder docente, en uno de los tantos episodios de represión durante este mes.
Desde que las protestas comenzaron en febrero, la represión también ha estado presente en las calles panameñas, incluyendo detenciones y las denuncias de persecuciones contra los líderes gremiales que han encabezado estas manifestaciones.
El pasado jueves, uno de los líderes históricos del Sindicato de la Construcción, Genaro López, quien lo encabezó durante un par de décadas, fue apresado bajo acusaciones de presunta estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
«Hoy el poder ha develado su máscara. No es un pecado ni un delito oponerse a las medidas antipopulares de Mulino», declaró Genaro López hijo, al producirse el arresto de su progenitor, quien manifestó ser inocente de los delitos que le están siendo imputados.
Ese es el argumento que ha utilizado el presidente José Mulino en contra de quienes han estado al frente de las luchas por la derogación de la cuestionada Ley 462.
Saúl Méndez, actual secretario general de ese gremio, considerado uno de los más combativos del país, se vio obligado a ingresar el miércoles en la embajada de Bolivia y solicitar asilo, luego de que se emitieran órdenes de arresto tanto para él como para Jaime Caballero, también integrante de ese gremio, quien ya había sido apresado hace más de una semana.
Al sindicato le cancelaron su personería jurídica. Alegan que «no mantiene los controles necesarios y sustentados que respalden su funcionamiento».
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a pesar del rechazo a la Ley 462, ha insistido en que no tiene intenciones de derogarla.
«Yo no puedo negociar y abrirle la puerta al negociado. No puedo volver a una Caja del Seguro Social que demoraba más de seis meses para una cirugía cardiovascular», remarcó durante una rueda de prensa el 15 de este mes.
En la misma arremetió contra el Sindicato de Trabajadores de la Construcción:
«La Caja del Seguro Social era un botín y hoy no lo es para ninguno de esos señores. Están 'carboneando' eso [rechazando la ley] precisamente porque salieron del escenario de ese tipo de corrupción», sostuvo.
Agregó que esa ley (la 462) «no se puede derogar, en primer lugar porque no es el Ejecutivo el que deroga leyes. Fue aprobada por el órgano legislativo con 48 votos».
Sin embargo, ante preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de suspender las garantías constitucionales por las protestas, lo descartó:
«Este país no está en convulsión. No hemos llegado a esa situación y no estamos en una etapa siquiera de pensarlo», sentenció Mulino.
Las movilizaciones, no obstante, continúan y la huelga ha llegado a un mes.
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