Jueza vuelve a impedir que Trump suspenda la matriculación de estudiantes internacionales en Harvard

Una jueza federal de Massachusetts volvió a bloquear este viernes (20.06.2025) el intento del Gobierno que preside Donald Trump de revocar el certificado de Harvard para matricular a estudiantes internacionales.

La jueza federal Allison D. Burroughs dictó una orden judicial preliminar tras conceder una orden de restricción temporal contra la Administración del republicano. 
En su decisión, Burroughs ordenó al Gobierno que preparara "de inmediato" unas directrices para alertar a los funcionarios de que ignoraran la notificación original y restablecieran «a todos los titulares y solicitantes de visados a la situación en la que se habrían encontrado de no haber existido dicha notificación de revocación». Pidió que esto se hiciera en las próximas 72 horas.

Debido a esta orden judicial, la Administración Trump tampoco puede modificar ni rescindir la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard.
Es probable que el Gobierno apele esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
Sin embargo, Trump publicó este viernes en su red 'Truth Social' un mensaje en el que decía que su Administración está trabajando «en estrecha colaboración con Harvard, y es muy posible que se anuncie un acuerdo durante la próxima semana». Según el mandatario, la universidad ha actuado «de manera extremadamente adecuada durante estas negociaciones y parecen estar comprometidos a hacer lo correcto».

La decisión de la jueza Burroughs se produce después de que, en mayo, la Administración Trump intentara rescindir la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, que permite a la universidad matricular a estudiantes internacionales con visados de estudiante F-1 y M-1.
La universidad demandó al Gobierno al día siguiente y, poco después, Burroughs le concedió una orden de restricción temporal.

A principios de este mes, Donald Trump emitió una proclamación en la que dijo que denegaría los visados a los estudiantes extranjeros que quisieran venir a Estados Unidos con el propósito de asistir a la universidad de la Ivy League. La universidad respondió modificando su demanda de mayo y solicitando al tribunal que detuviera la aplicación de la proclamación, lo que Burroughs concedió rápidamente.
Durante una audiencia sobre la medida cautelar, Ian Heath Gershenger, abogado de la universidad, acusó a la Administración de utilizar a los estudiantes internacionales como peones y de señalar específicamente a Harvard. Los abogados del Departamento de Justicia se centraron en las preocupaciones de la administración en materia de seguridad nacional, afirmando que no confiaban en Harvard para investigar a miles de estudiantes internacionales.

Un abogado de la Administración Trump afirmó anteriormente que no tiene las mismas preocupaciones con respecto a otras universidades, pero eso podría cambiar.

Durante meses, el Gobierno ha estado enfrascado en un tira y afloja con la universidad de la Ivy League. En abril, el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo de la administración anunció que recortaría más de 2,000 millones de dólares en subvenciones después de que la universidad rechazara sus demandas, que incluían restringir la admisión de estudiantes internacionales "hostiles a los valores y las instituciones estadounidenses".

Harvard demandó rápidamente al Gobierno y lo acusó de intentar ejercer un control "sin precedentes e inadecuado" sobre la universidad. A medida que aumentaba la tensión, semanas más tarde el Gobierno pidió a todas las agencias federales que rescindieran sus contratos con Harvard, por un importe total de 100 millones de dólares.
La decisión del Gobierno de atacar a la prestigiosa universidad ha provocado reacciones negativas por parte de críticos y defensores de la libertad de expresión, así como el apoyo a la universidad por parte de otras instituciones.

A principios de este mes, dos decenas de universidades presentaron un escrito amicus curiae en apoyo de la universidad, argumentando que la congelación de los fondos no solo afectaría a Harvard, debido a la interconexión de la investigación científica, sino que, en última instancia, obstaculizaría la innovación y el crecimiento económico estadounidenses.
Además, un grupo de 12,041 exalumnos de Harvard, entre los que se encuentran nombres destacados como Conan O’Brien y la escritora Margaret E. Atwood, presentaron un escrito en el que calificaban la retención de fondos como un intento "imprudente e ilegal" de ejercer control sobre la universidad y otras instituciones de educación superior.