El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confesó los oscuros planes que el gobierno sionista tiene contra la población de la Franja de Gaza, que no es otra cosa sino el propósito de limpieza étnica e implica en sí mismo una confesión de un delito de lesa humanidad.
El plan divulgado por Katz, consiste en la evacuación forzada de unas 600 mil personas al sur de Gaza, a lo que Israel convirtió en ruinas de la ciudad de Rafah. Allí, el régimen sionista pretende construir un refugio que llamaron "ciudad humanitaria", donde finalmente quieren recluir en condición de hacinamiento a 2.1 millones de palestinos.
El ministro agregó que el objetivo del plan era trasladar a las personas hasta el interior de esa zona tras un control de seguridad para garantizar que no fueran agentes de Hamás. También dijo que una vez que las personas se encuentren allí no se les permitirá salir.
La construcción comenzaría durante un alto el fuego de 60 días que Israel y Hamás están intentando negociar, si las condiciones lo permiten, añadió.
Ante la confesión de este crimen atroz, un abogado israelí de derechos humanos, Michael Sfar, dijo que «[Katz] presentó un plan operativo para un crimen de lesa humanidad. No es nada menos que eso».
«Se trata de trasladar a la población al extremo sur de Gaza como preparación para su deportación fuera de la Franja», añadió.
El gobierno de Israel, amparado por Estados Unidos, ha manifestado su deseo de expulsar de sus tierras ancestrales a toda la población de la Franja de Gaza, tal como han hecho desde hace décadas con millones de palestinos.
Según el presidente de EEUU, Donald Trump, los habitantes de Gaza serían llevados a terceros países donde "vivirán bien", para poder construir en Gaza una ciudad turística para millonarios.
«Estamos trabajando estrechamente con Estados Unidos para encontrar países que busquen hacer realidad lo que siempre dicen: que querían dar a los palestinos un futuro mejor», opinó al respecto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Naciones Unidas también ha advertido previamente que la deportación o el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario y «equivale a una limpieza étnica».
Los países árabes también enfatizaron su «rechazo categórico a cualquier forma de desplazamiento del pueblo palestino», afirmando que eso constituiría «una grave violación del derecho internacional, un crimen de lesa humanidad y una limpieza étnica».
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