A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno brasileño condenó enérgicamente el plan del Estado de Israel de construir más de 3,400 viviendas en un nuevo asentamiento en Palestina, ubicado entre Jerusalén Este y Jericó.
El texto denuncia que el proyecto «amenaza con dividir Cisjordania en dos partes, Norte y Sur, y aislar Jerusalén Oriental del resto de ese territorio».
Para la diplomacia brasileña, la medida representa una flagrante violación del derecho internacional, en particular de la Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, señaló que la construcción de los asentamientos es una "grave afrenta" a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitida el 19 de julio de 2024.
De acuerdo con el comunicado, la opinión del Tribunal «consideró ilegal la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado y concluyó que Israel tenía la obligación de cesar inmediatamente cualquier nueva actividad de asentamiento y evacuar a todos sus residentes».
El comunicado enfatiza en el "derecho inalienable" del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano. Brasil instó a Israel a abstenerse de adoptar acciones unilaterales que «amenazan la viabilidad de la implementación de la solución de dos Estados y ponen en peligro el logro de una paz sostenible en la región».
Alrededor de 700,000 colonos israelíes viven en territorios palestinos ocupados, lo que afecta la vida de 2.7 millones de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental ocupadas. La política israelí, que incluye la legalización de "puestos de avanzada" existentes y la construcción de nuevas colonias, es una herramienta para establecer "hechos sobre el terreno" que obstaculicen cualquier solución justa y duradera al conflicto, intensificando la tensión en una región ya volátil.
De acuerdo con las leyes internacionales y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, tanto la ocupación por la fuerza de un territorio como el establecimiento de asentamientos son ilegales, e Israel con sus acciones demuestra que la impunidad internacional le empodera para continuar violando las leyes del derecho humanitario y todas las que considere.
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