Una jueza federal bloquea temporalmente el recorte de personal impulsado por Trump en 21 departamentos y agencias federales

La jueza federal Susan Illston, de la corte del Distrito Norte de California, en San Francisco, bloqueó este viernes (09.05.2025) la drástica reducción de empleo impulsada por el Gobierno del republicano Donald Trump en 21 agencias y departamentos federales.
Illston dictó la orden de emergencia tras una demanda presentada la semana pasada por sindicatos y ciudades, una de las múltiples impugnaciones legales a los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño de un Gobierno federal, que considera inflado y costoso.

«La corte cree que es probable que el presidente deba solicitar la cooperación del Congreso para ordenar los cambios que pretende, y por lo tanto emite una orden de restricción temporal para detener las reducciones a gran escala de la plantilla mientras tanto», dictó.
El dictamen judicial conmina a 21 agencias federales a dejar de aplicar la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral firmada por Trump en febrero y el memorándum posterior del Departamento de Eficiencia Gubernamental y la Oficina de Gestión de Personal.

La orden judicial, que expira en 14 días, no exige a las agencias que vuelvan a contratar a los empleados. Los demandantes solicitaron que se pospusiera la fecha de entrada en vigor de cualquier medida de las agencias y que los departamentos dejaran de aplicar o hacer cumplir el decreto, incluida la adopción de cualquier otra medida.
Limitaron su solicitud a las agencias en las que ya se está llevando a cabo o está a punto de llevarse a cabo un desmantelamiento, entre ellas el Departamento de Salud, que anunció en marzo que va a despedir a 10,000 trabajadores y centralizará divisiones.
Illston, quien fue nombrada jueza por el expresidente demócrata Bill Clinton, afirmó en una audiencia este viernes que el presidente tiene autoridad para solicitar cambios en los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo creados por el Congreso.

«Pero debe hacerlo de forma legal», señaló, «debe hacerlo con la cooperación del Congreso, así lo establece la Constitución».
Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los votantes le dieron el mandato de reformar el Gobierno, y ha recurrido al multimillonario Elon Musk para liderar la iniciativa a través del llamado departamento de eficiencia gubernamental (DOGE, en inglés).
Decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, han dejado sus puestos de trabajo a través de programas de retiro voluntario o han sido suspendidos como consecuencia de los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño del Gobierno.

No hay cifras oficiales sobre los recortes, pero al menos 75,000 empleados federales se acogieron a los retiros voluntarios  y miles de trabajadores en período de prueba ya han sido despedidos.
En su orden, Illston dio varios ejemplos para mostrar el impacto de la reducción de personal. Un sindicato de trabajadores federales que investigan los riesgos para la salud a los que se enfrentan los mineros indicó que estaba a punto de perder 221 de los 222 empleados de la oficina de Pittsburgh (Pennsylvania); un agricultor de Vermont no recibió una inspección a tiempo en su propiedad para recibir ayuda por desastre tras las inundaciones y perdió una importante ventana para llevar a cabo siembras; la reducción del personal de la Administración de la Seguridad Social ha provocado tiempos de espera más largos para los beneficiarios.
Todas las agencias afectadas fueron creadas por el Congreso, señaló.

Los abogados del Gobierno argumentaron este viernes que la orden ejecutiva y el memorándum que pedían reducciones de personal a gran escala y planes de reorganización solo proporcionaban principios generales que las agencias debían seguir en el ejercicio de su propio proceso de toma de decisiones.
«Invita expresamente a presentar comentarios y propuestas para la participación legislativa como parte de las políticas que esas agencias desean aplicar», dijo Eric Hamilton, subsecretario adjunto de Justicia, sobre el memorándum. «Establece una guía», agregó.
Pero Danielle Leonard, abogada de los demandantes, señaló que estaba claro que el presidente, DOGE y la Oficina de Gestión de Personal estaban tomando decisiones fuera de su autoridad y no invitaban al diálogo a las agencias.
«No están esperando a que estos documentos de planificación pasen por largos procesos», afirmó, «no están pidiendo aprobación, ni la están esperando».

La orden de restricción temporal se aplica a departamentos como los de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos.
También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración de la Seguridad Social y la Agencia de Protección Medioambiental.
Algunos de los sindicatos y grupos sin ánimo de lucro también son demandantes en otra demanda ante un juez de San Francisco que impugna los despidos masivos de trabajadores en período de prueba. En ese caso, el juez William Alsup ordenó al Gobierno en marzo que readmitiera a esos trabajadores, pero la Corte Suprema bloqueó posteriormente su orden.

Entre los demandantes se encuentran las ciudades de San Francisco, Chicago y Baltimore; el grupo sindical Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno; y las organizaciones sin ánimo de lucro Alianza para los Jubilados Estadounidenses, Centro para los Derechos de los Contribuyentes y Coalición para Proteger los Parques Nacionales.