La embajadora de Estados Unidos en Gambia, Sharon Cromer, salió de su despacho con una exigencia que pocos esperaban escuchar en el corazón de África Occidental: "Necesitamos que su gobierno apruebe la licencia de Starlink cuanto antes". Aquel día de febrero, apenas dos semanas después de asumir Donald Trump su segundo mandato, Cromer trasladó al ministro de Comunicaciones, Lamin Jabbi, y a su equipo la amenaza implícita de que los millonarios proyectos de ayuda exterior se congelarían si la multinacional de Elon Musk no recibía luz verde. Este es el fundamento de los documentos hechos públicos por 'ProPública', el digital recientemente galardonado con un nuevo 'Pulitzer'.
La presión ejercida en Banjul no fue un caso aislado, sino la manifestación más evidente de una estrategia coordinada entre altos funcionarios del Departamento de Estado en Washington y diplomáticos en al menos otros cuatro países en desarrollo. Según los documentos el gobierno de Estados Unidos ha convertido la concesión de licencias a 'Starlink' en una prioridad diplomática. Donde antes se hablaba de derechos humanos o consolidación democrática, ahora cunde el ejemplo de cómo la política exterior se pliega a los intereses comerciales de Elon Musk.
La ambición del dueño de 'Tesla', 'SpaceX' o 'Starlink' es llevar internet por satélite a las zonas más remotas del planeta, y Gambia, con sus 2,7 millones de habitantes distribuidos en una estrecha franja litoral, ofrecía un mercado reducido pero simbólico.
Desde 2020, 'Starlink' había demostrado su capacidad de conectar comunidades sin infraestructura terrestre estable; sin embargo, el requisito de abonar una tasa de 85,000 dólares al regulador local retenía la solicitud. Fue entonces cuando la embajadora Cromer, veterana de USAID y nombrada por Biden pero en funciones bajo la administración Trump, decidió intervenir directamente.
Según la investigación de 'ProPública', la embajadora dejó claro que si 'Starlink' no operaba, los 25 millones de dólares para mejorar el sistema eléctrico podría quedarse en el aire. Era una clara amenaza: la ayuda norteamericana estaba vinculada a la aprobación de la licencia. Tan solo semanas después, la embajadora remitió una carta al propio presidente de Gambia, describiendo los supuestos beneficios económicos y sociales de la red de satélites y pidiendo "respetuosamente" que se eludiera la burocracia para facilitar el despliegue.
La táctica diplomática generó inquietud entre quienes creyeron que la misión de un embajador era velar por la cooperación y no convertirse en recadero de un magnate. Si esto lo hiciera otro país, lo calificaríamos de corrupción. Para muchos diplomáticos de carrera, la convergencia entre política exterior y lobbies empresariales ha cruzado una línea roja y demuestra que la Administración Trump, la que iba a destruir el sistema y acabar con la corrupción, ha implantado, precisamente, un régimen corrupto.
La ofensiva no se limitó a Gambia. Es más, según publicó el 'The Washington Post', el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado instrucciones a diplomáticos estadounidenses para que ayuden a 'Starlink' a superar a sus competidores chinos y rusos. Varios países, incluida la India, han acelerado la aprobación de licencias para 'Starlink' para intentar generar buena voluntad en las negociaciones arancelarias con la administración Trump.
En Lesoto, Uganda, Bangladesh y Camerún, embajadores y cónsules replicaron el mismo procedimiento: reuniones con ejecutivos de 'Starlink', recordatorios de los recortes a la ayuda estadounidense y sugerencias de que avanzar con la licencia demostraba fidelidad a la "agenda Trump". En Yibuti, país que tiene una base militar de Estados Unidos, las autoridades locales obtuvieron el visto bueno para 'Starlink' pese a dudas sobre el cumplimiento de las normativas vigentes.
Algunos gobiernos africanos aplauden el servicio: la conectividad satelital promete impulsar la educación a distancia, la telemedicina y la diversificación económica. Otros, en cambio, alertan del riesgo de que 'Starlink' acabe monopolizando un mercado aún incipiente, expulsando a los proveedores locales y elevando las tarifas una vez inscrito en los registros. En Nigeria, por ejemplo, Musk decidió duplicar los precios de la suscripción sin previo aviso, un movimiento que alimentó las sospechas de quienes temen ceder el control del espectro digital al poder voluble de un multimillonario.
Detrás de esta carrera de satélites, subyace un fenómeno inédito: el presidente Trump nombró a Musk miembro de su círculo íntimo, destituyó a miles de empleados de USAID y amenazó con cerrar embajadas. Mientras Musk mantiene al frente de su imperio corporativo (150,000 millones de dólares de su fortuna dependen de 'Starlink'), la Casa Blanca insiste en que no hay conflicto de intereses y que la promoción de sus empresas forma parte del "patriotismo económico".
Gambia resiste. Desde su despacho, el ministro supervisa con cautela los dictámenes jurídicos y los informes técnicos que calibran si 'Starlink' cumple las reglas impuestas a otros operadores. Su negativa a ceder, incluso cuando fue convocado a Washington para una cumbre del Banco Mundial, ha tensado las relaciones con la embajada. Al final, el pulso se librará en Banjul: un país joven en democracia y dependiente del apoyo exterior que, por primera vez en décadas, se encuentra frente al dilema de decidir si privilegia la soberanía regulatoria o cede ante la nueva diplomacia corrupta de Estados Unidos.
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