El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan de medidas contra la corrupción mientras enfrenta una tormenta política que lo sacude desde dentro y fuera del Ejecutivo. El escándalo que salpica a figuras clave del Partido Socialista Obrero Español ha debilitado su liderazgo, alimentado el discurso de la derecha y encendido las alertas entre sus propios aliados.
Desde la tribuna del Congreso, Sánchez confesó que llegó a considerar su dimisión. El detonante: la implicación de dos hombres de su círculo más cercano —Santos Cerdán y José Luis Ábalos— en una trama de presuntas comisiones ilegales ligadas a contratos de obra pública. El golpe fue personal y político. «Me equivoqué», admitió, asegurando que desconocía las maniobras de quienes fueron sus hombres de confianza.
Pese a las críticas y las sospechas, decidió continuar. Rechazó anticipar las elecciones y defendió su "limpieza política", alegando que aún tiene tarea pendiente en su proyecto de gobierno. «No tiraré la toalla», declaró en tono desafiante, en una intervención cargada de simbolismo defensivo y voluntad de resistencia.
El plan anticorrupción presentado incluye la creación de una agencia independiente, auditorías externas obligatorias para los partidos, protección a denunciantes, incautación de bienes mal habidos, y persecución reforzada contra empresas corruptoras. El documento fue trabajado junto a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y recibió insumos de partidos minoritarios de izquierda.
Pero el anuncio no logró calmar las aguas. La derecha no da tregua. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo acusó de cinismo y de encubrir una estructura de corrupción. «Usted está destruido», lanzó, y pidió elecciones anticipadas. Además, reclamó medidas concretas, como más recursos para las unidades policiales que investigan casos por orden judicial.
El malestar no se limitó a la oposición conservadora. Desde el bloque que sostiene la coalición de gobierno también llegaron señales de distanciamiento. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder del movimiento centro-izquierdista Sumar, no se sentó junto al Ejecutivo en el hemiciclo. Lo hizo junto a su bancada, marcando distancia con el gesto. Aunque calificó a Sánchez de "honrado", advirtió que gobernar «no es resistir, sino transformar». Y que el progresismo está angustiado por la sombra de la corrupción.
Los aliados independentistas catalanes y vascos tampoco escatimaron críticas. Esquerra Republicana (ERC) alertó que si se confirma financiación ilegal del PSOE, podrían exigir elecciones. Junts Per Catalunya (JxCat), por su parte, fue tajante: no apoyará ninguna medida que sirva para "maquillar la miseria" institucional. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), con su habitual tono moderado, planteó una salida institucional: que Sánchez se someta a una moción de confianza si no logra recuperar el respaldo parlamentario.
Podemos, la principal fuerza de la izquierda transformadora española, fue quizás el socio más crítico denunciando a las empresas que participan en la denominada "corrupción bipartidista". Su portavoz en el Congreso acusó al PSOE de intentar dar por zanjada la crisis y han dicho que no elegirán entre la corrupción del PP y la del oficialismo, sino que construirán una alternativa social y política limpia.
El presidente socialista gobierna España desde 2018, pero el escándalo actual amenaza con desgastar aún más un mandato marcado por la polarización, los pactos difíciles y la fragilidad de su mayoría. El nuevo plan anticorrupción, lejos de cerrar la crisis, parece apenas abrir una etapa de mayor confrontación, sobre todo con la oposición conservadora.
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