En los últimos años, hemos visto numerosos estudios que analizan las diversas maneras en que el imperialismo actual, liderado por Estados Unidos, ha enfrentado su continua y creciente crisis de hegemonía. Estas incluyen guerras directas, indirectas, por poderes, híbridas y comerciales, entre otras. Sin embargo, una de estas guerras destaca por la sutileza con la que aplica su violencia: las sanciones económicas y las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU).
¿Y por qué es esta práctica tan agresiva? Porque este mecanismo de poder no mata directamente, sino que opera mediante el aislamiento financiero, comercial y político de una nación, causando escasez y asfixia económica a su población. Las MCU impiden a los países afectados acceder a recursos financieros y servicios básicos para la subsistencia, como el acceso al agua, los alimentos, la atención médica, el empleo, la educación y la infraestructura.
Además, estas disposiciones afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, las personas LGBT+, la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad. Si bien las sanciones no generan desigualdades de género, sí las agravan y aumentan la triple carga de trabajo de las mujeres (productiva, reproductiva y de gestión comunitaria), como se muestra en un dossier reciente publicado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, Guerra Imperialista y Resistencia Feminista en el Sur Global.
Pero antes de continuar analizando las medidas coercitivas unilaterales, conviene añadir una salvedad. A menudo se las denomina erróneamente sanciones. Sin embargo, en el ámbito internacional, solo las medidas aplicadas por las Naciones Unidas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, pueden legítimamente denominarse sanciones. Si bien las sanciones suelen aplicarse en violación del proceso descrito en la Carta de las Naciones Unidas, las medidas coercitivas unilaterales son, por definición, ilegales, ya que no están contempladas en ella.
Estados Unidos, campeón mundial en la aplicación de sanciones
¿Y adivina qué país usa más este recurso contra otros? Si respondiste Estados Unidos, probablemente aciertas. Con su hegemonía política y económica en declive, Estados Unidos busca mantener su omnipresencia global mediante la fuerza y la violencia, ya sea militar o económica. Además de poseer la mayor cantidad de armas y bases militares (unas 900 repartidas por todo el mundo), impone la mayor cantidad de sanciones y medidas de control militar (MCU): tres veces más que cualquier otro país u organización internacional, con un total de 15,373 medidas en abril de 2024, según un informe del 'The Washington Post'. Solo en las últimas dos décadas, las sanciones y las MCU han aumentado al menos un 933%.Las sanciones unilaterales afectan a un tercio de todos los países, incluyendo más del 60% de las naciones de bajos ingresos. Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela son los países con más sanciones unilaterales. Estas sanciones unilaterales conducen a estos países al subdesarrollo y al declive económico, limitando su capacidad para comerciar, acceder a la tecnología y al financiamiento internacional.
Uno de los efectos más visibles es la escasez resultante en la producción y el acceso a los alimentos, lo que provoca una inseguridad alimentaria generalizada entre las poblaciones afectadas. Además, las mujeres, muchas de las cuales son responsables del cuidado familiar, enfrentan enormes dificultades para alimentar a sus familias, lo que aumenta su vulnerabilidad y estrés.
Cuba, Venezuela, dos grandes víctimas
El caso de Cuba es sintomático, ya que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña ha durado seis décadas y está marcado por el MCU más antiguo y exhaustivo de la historia moderna. El bloqueo representa una pérdida de 421 millones de dólares mensuales y un total acumulado hasta la fecha de 1,500 millones de dólares. Sin el bloqueo, se estima que el PIB de Cuba podría haber crecido un 8% en 2023.Pero ¿cómo impacta esta política en la vida cotidiana de la población? Para que se hagan una idea, en 2019 y 2020, la escasez de combustible en Cuba dificultó la siembra de 12,399 hectáreas de arroz, lo que provocó la pérdida de más de 30,000 toneladas de este grano esencial. Al afectar el transporte, la escasez de combustible impidió la producción de 2 millones de litros de leche y 481 toneladas de carne, poniendo en riesgo parte de la dieta básica de la sociedad cubana. La falta de fertilizantes y pesticidas provocó una caída del 40% en los rendimientos históricos de varios cultivos y, en comparación con 2019, la producción de arroz, huevos y leche disminuyó un 81%, un 61% y un 49%, respectivamente, como se demuestra claramente en el dossier publicado por 'Tricontinental'.
Venezuela ha experimentado situaciones similares. Desde 2014, se ha producido una drástica caída en las importaciones de alimentos, que descendieron de 10,000 millones de dólares en 2014 a menos de 1,000 millones de dólares en 2019, una caída de más del 90%. Según UNICEF, las restricciones a la importación de alimentos en Venezuela provocaron un aumento constante de la desnutrición entre 2016 y 2022, con más de 2.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave.
En 2017, por ejemplo, el sistema financiero estadounidense bloqueó la transferencia a Venezuela de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Ese mismo año, un total de 23 transacciones financieras venezolanas destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos fueron devueltas por bancos internacionales.
Impactos en la salud y los recursos hídricos entre las personas vulnerables
Otro ejemplo es Siria. Bajo las MCU, el país árabe enfrentó una grave crisis alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 12 millones de sirios, más de la mitad de la población, padecían inseguridad alimentaria, un aumento del 51% en comparación con 2019. En Zimbabue, la proporción de personas en situación de inseguridad alimentaria aumentó del 29% en 1995 a más del 60% en 2020.El desmantelamiento de la infraestructura social es otro impacto crítico. Las sanciones impiden la importación de suministros médicos y el mantenimiento de servicios esenciales, lo que afecta los sistemas de transporte, las escuelas y los hospitales. Una vez más, las mujeres son las más afectadas, tanto como usuarias de estos servicios como cuidadoras de sus familias.
Este escenario conlleva un aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil y la propagación de enfermedades prevenibles. En Zimbabue, la escasez de agua tiene consecuencias críticas. Los informes indican que, en 2019, el 77.1% de los hogares carecía de acceso a fuentes de agua potable. Esto aceleró epidemias de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea, con una cifra estimada de más de 3,000 muertos, y puso en riesgo a otras 100,000. La tasa de mortalidad materna de Zimbabue se encuentra entre las más altas del mundo, y la de Venezuela aumentó entre 2014 y 2020, tras haber disminuido durante varias décadas.
Venezuela ha reducido en un 90% la distribución obligatoria de medicamentos de alto costo, mientras que en Cuba, el 50% de los llamados medicamentos esenciales no están disponibles. En todos los países afectados por la MCU, la dificultad para acceder a medicamentos, equipos médicos y suministros necesarios para enfermedades raras o complejas, que suelen ser importados, ha provocado muertes, como han informado Irán y Siria.
Una de las mayores perversidades de las MCU es su forma de castigo colectivo, un mecanismo de control y disciplina política, una forma violenta de subordinación que asfixia a pueblos enteros. Esta injerencia oculta la criminalización y discriminación de pueblos y gobiernos que intentan construir su propia soberanía, resistir el poder del hiperimperialismo estadounidense y buscar una alternativa al neoliberalismo. La astucia de este tipo de injerencia reside en que la potencia imperialista acusa a los Estados y pueblos afectados por las UCM de ser culpables de la violencia a la que son sometidos.
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