En Haití un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) reveló que bandas armadas perpetraron 24 masacres y ataques en el departamento de Artibonite entre enero y septiembre de este año, dejando al menos 84 víctimas mortales en esta zona de Haití, antes considerada el granero agrícola del país.
El informe de la RNDDH detalla el escalamiento dramático de la violencia en Artibonite, al norte de la capital haitiana, donde los ataques simultáneos han causado enormes pérdidas humanas y materiales. Los 84 asesinatos contabilizados en nueve meses representan una media de tres personas ultimadas por cada episodio de violencia, una cifra que subraya la brutalidad de las agresiones.
Este repunte de la violencia en Artibonite se suma a la catastrófica cifra nacional: el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó que unas 4.239 personas fueron ultimadas en todo Haití en los primeros ocho meses de este año. La inseguridad, que históricamente devastó el departamento del Oeste, se extendió ahora al Centro y a Artibonite.
Entre las víctimas de esta región se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y dos agentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), lo que evidencia la incapacidad del Estado para contener la situación. Además, la furia de las bandas se dirige contra la infraestructura estatal, con seis instituciones, incluyendo comisarías y tribunales de paz, que fueron vandalizadas o incendiadas.
La RNDDH destacó que, mientras que en 2022 las incursiones de bandidos armados eran esporádicas en Artibonite, en 2025 estas se intensificaron, arrastrando a la población a una inseguridad generalizada y persistente con consecuencias desastrosas. La comuna de Petite-Rivière de l'Artibonite es la más afectada, siendo objeto de ocho ataques armados en el periodo estudiado.
El informe concluye que la policía del departamento está «desbordada por la situación» debido a la crónica falta de recursos humanos y materiales. La ONG advierte con severidad que, si las autoridades estatales y judiciales no toman medidas urgentes, la violencia se «empeorará y seguirá extendiéndose a otros departamentos geográficos del país».
Ante esta emergencia, la RNDDH exigió a las autoridades estatales que adopten medidas inmediatas para proteger a la población de Artibonite, restablecer las condiciones mínimas de seguridad para el regreso de los desplazados, y proporcionar asistencia médica y psicológica a las víctimas.
Asimismo, demandó que se dote a las fuerzas del orden de los recursos de inteligencia necesarios para recuperar el control del territorio y evitar que todo el país caiga bajo el yugo de las pandillas.
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